Los 2.500 juicios suspendidos por el fuego en los juzgados se aplazan hasta pasar Reyes

«Tanto el refuerzo de personal como el resto de las medidas incluidas en el plan de actuación deben servir para que de aquí a final de año se pueda recuperar la normalidad en cuanto al funcionamiento cotidiano tanto de los juzgados siniestrados como del resto de los órganos judiciales valencianos». Hasta en dos ocasiones, la primera unos días después del siniestro y la segunda a finales del mes pasado, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se comprometió a que el incendio que golpeó el 10 de septiembre la Ciudad de la Justicia y que obligó a cerrar una treintena de juzgados fuera agua pasada en 2017. Pero la realidad, basada en la gravedad de los daños causados por las llamas y el atasco judicial ya existente y agravado por el fuego, es mucho más tozuda.

El compromiso de la conselleria no podrá cumplirse. Hasta el 8 de enero no se empezarán a celebrar el alrededor de 2.500 juicios suspendidos como consecuencia del incendio que paralizó hasta 10 días la actividad en muchos juzgados. Además de las vistas, se vieron afectados 48 señalamientos de la Audiencia, 400 actuaciones paralizadas en juzgados tan sensibles como los de Violencia sobre la Mujer o Mercantil o casi 900 vistas dejadas de celebrar en los órganos de lo Social, como señalaron desde el Tribunal Superior de Justicia. Fuentes del propio TSJ confirmaron la fecha de inicio de celebración de los juicios suspendidos tras las fiestas de Navidad.

Las apretadas agendas de los juzgados hasta ese ocho de enero, la dificultad para citar de nuevo a testigos, partes procesales y profesionales para las vistas y la presencia de dos semanas inhábiles en las fiestas navideñas han hecho imposible normalizar la situación antes de fin de año, como explicaron fuentes jurídicas y sindicales.

La 'zona cero' del siniestro sigue estando formada por los ocho juzgados de Primera Instancia situados en el segundo y tercer piso del edificio. Allí se iniciaron las llamas como consecuencia de un mal funcionamiento de un aparato que tuvo un cortocircuito. Los ocho órganos aún están clausurados, y las últimas inspecciones han revelado que costará más de lo previsto abrirlos. «Se ha hecho ya el desescombro, y entonces se ha comprobado que el techo del segundo piso, que a su vez es el techo del tercero, donde están los órganos más afectados, la estructura está más afectada de lo que inicialmente se pensó. Mínimo va para cuatro o cinco meses, no creo que sea antes de Semana Santa», calcula Bruno Antuña, delegado de Justicia del sindicato CSI-F en la Comunitat.

Las labores de restauración del escenario del incendio no avanzan tampoco a un ritmo espectacular. Hasta ahora sólo se ha completado el desescombro de los juzgados, «falta restaurar la instalación eléctrica e informática, colocar el mobiliario, acondicionar...», resume Antuña.

El sentir en la Ciudad de la Justicia también incide en criticar el mes que tardó el Consell en aprobar la «tramitación de emergencia para la contratación de las obras y actuaciones de adecuación de los desperfectos ocasionados por el incendio del pasado 10 de septiembre», como recoge la notificación hecha por la Generalitat el 10 de noviembre. O lo que es lo mismo, las obras mayores no se iniciaron hasta 30 días después.

Desde la Generalitat defienden su trabajo. «Ya se han terminado los trabajos de desescombro, descontaminación y retirada de todo el material y mobiliario afectado», indican. Otras tareas han sido retirar la talla, sellar los conductos de climatización y aspiración del hollín. «Las labores de limpieza van a buen ritmo, lo que ha sido una prioridad, así como la recuperación de documentos», añaden.

El trabajo también incluye la reconstrucción de los 3.000 expedientes judiciales calcinados por las llamas. Nueve de cada diez podrán ser recuperados, mientras que el resto se reharán con ayuda de las partes. «Más del 20% de los tomos afectados por el fuego ya han sido limpiados», según la conselleria, que subraya que se confió «en una empresa líder en gestión documental».

Desde CSI-F critican otro aspecto. En los ocho juzgados más afectados por las llamas sí se destinaron funcionarios de refuerzo (40 según solicitó en su día el TSJ), pero no para los demás órganos, pese a estar afectados otros juzgados de lo Social y Penal. «Aquí sí se ha planteado un refuerzo de jueces, pero no de funcionarios, lo cual es incongruente, porque en ese caso la tramitación se atasca», lamenta Bruno Antuña.