Los claroscuros de Marzà en las universidades

La política universitaria ha tenido luces y sombras en la legislatura que termina. Frente a las mejoras de carácter más social, como la subida de las becas y la bajada de las tasas de matrícula, han sido varias las medidas que se han quedado en el tintero, que sólo podrán salvarse a última hora o que se han tenido que corregir en la vía judicial.

Durante buena parte del mandato, desde las universidades se ha acusado a la Conselleria de Educación de dejar en segundo plano necesidades perentorias del sistema, como el convenio colectivo o el modelo de financiación, si bien es cierto que, al menos en el tema económico, se han suavizado los ánimos con dotaciones económicas extraordinarias.

El mejor ejemplo son los presupuestos para 2019, que contemplan cerca de 50 millones para adelantar el pago de la deuda histórica (quedan cuantías especialmente elevadas para próximos ejercicios) o para cubrir obligaciones derivadas de normativas autonómicas y estatales. Sin embargo, de la reforma del sistema de financiación que debe incrementar la inversión plurianual en base a resultados, más allá de las buenas intenciones y los grupos de trabajo ha habido poca novedad.

En cuanto al convenio colectivo de las universidades públicas, que prevé subir los salarios del personal docente laboral más precarizado, sigue sin concretarse tras dos años de negociación. Las universidades esperan una llamada. Será la última oportunidad, antes de las elecciones, para cerrar un documento básico para cumplir con las promesas lanzadas a colectivos como los profesores asociados o los ayudantes doctores. La propuesta de la administración pasa por igualar por arriba a los profesionales de todas las universidades (que todos cobren los salarios más altos que hay actualmente y que varían en función del centro) y añadir un 3%, una subida que se aplicaría en tres años. En cambio, los sindicatos piden un esfuerzo económico adicional.

También espera un gesto la Universidad de Alicante, que sigue sin saber si podrá ofertar Medicina el curso que viene pese a tener el visto bueno de la Aneca. No gusta cómo se está gestionando la autorización del título -hay rechazo profesional y también de otras facultades-, de la misma manera que las privadas tampoco entienden por qué se retrasa el visto bueno a algunos estudios o este llega cuando ya no hay margen para organizar la admisión.

En el haber del conseller Marzà también ha de figurar la mejora de la financiación de la investigación o de la retribución del PAS -pese a las dudas del Gobierno-. Y en el debe, la exclusión de las universidades privadas de las prácticas sanitarias, que ha sido anulada por la justicia y ha de enmendarse. No sucede lo mismo con las becas, pues sí ha sido bendecida, reiteradamente, por el TSJCV.

La Conselleria de Educación anunció en abril de 2016 un mapa de titulaciones que debía servir para detectar (y ajustar) títulos con exceso de plazas o déficits en algunas áreas de conocimiento. Se puso el ejemplo de los estudios de Magisterio, cuyo aumento y demanda amenazan con saturar el sector. Sin embargo, la reordenación, que debía estar pactada entre todos los centros, no se ha concretado. También se planteó como una guía para decidir sobre la implantación de nuevos títulos.

Las ayudas al estudio son uno de los pilares de la política universitaria en la última legislatura. Se han creado nuevas modalidades –becas salario, con una partida económica mensual para las rentas más bajas; ayudas para estudiar a distancia o para evitar el abandono de los estudios– y se ha aumentado la dotación presupuestaria. La inversión para la exención de las tasas, por ejemplo, han crecido un 15% sólo en el último curso. Eso sí, Educación rompió el modelo vigente desde 2006 y dejó fuera al alumnado de los centros privados.

La Universitat de València destina toda la subvención ordinaria que recibe de la Generalitat –su fuente mayoritaria de ingresos– únicamente a asumir las nóminas de su personal. El resto de necesidades se cubren con lo que reciben vía tasas y recursos propios. El ejemplo sirve para hacerse una idea de por qué las universidades públicas reclaman un nuevo modelo de financiación que no sólo incremente las cuantías asignadas (en 2019 son 687 millones a repartir entre las cinco, dotación propia de la época de crisis), sino que se sostenga en el tiempo para poder planificar. Es decir, quieren seguridad de que el dinero comprometido llegará sin tener que escrutar anualmente los presupuestos de la Generalitat. Pese a que el Consell dice tener voluntad política, no se ha concretado nada en la legislatura, y el último plazo que se han dado las partes habla de 2020. Sí se ha cumplido con el pago de la deuda histórica –dinero pendiente de anualidades anteriores–, un acuerdo que cerró el PP.

El presidente Ximo Puig anunció en julio de 2017 la bajada de las tasas universitarias, que se produjo durante dos cursos. En el 2017-2018 se redujeron un 7%, y en el actual un 8% añadido. En la práctica ha supuesto que un alumno universitario se llegue a ahorrar hasta 200 euros por la matrícula de sus estudios. Durante dos años el Consell del Botánico mantuvo los precios públicos en los niveles más altos de la historia (heredados del PP) pese a las promesas electorales, pues tuvo continuidad el incremento derivado del famoso decreto Wert (2012). Para paliar la reducción de los ingresos de las universidades (al fin y al cabo dejan de percibir ingentes cantidades de dinero a través de las matrículas) se aprobó una dotación económica compensatoria de 26 millones de euros (que no siempre ha llegado todo lo rápido que deseaban los centros). La reducción sólo puede tildarse de positiva, pero no se puede olvidar que los precios siguen siendo más elevados que en 2011.

La gestión de las peticiones de autorización de nuevas carreras no ha sido, en algunos casos, todo lo diligente que las universidades esperaban. Pasa con la solicitud para implantar Medicina en la Universidad de Alicante, que recuperaría así el título que perdió en favor de la Miguel Hernández. Pese al visto bueno de la Aneca el Consell sigue sin pronunciarse, y fuentes de la institución señalan que se les ha solicitado más información sobre las infraestructuras previstas. En cuanto a las privadas, la Cardenal Herrera (UCH) ha tenido que presentar nueva documentación para implantar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en Castellón, donde no hay oferta, y la Católica sigue a la espera de respuesta sobre Ciencias del Desarrollo. Los centros también se han quejado de que algunas autorizaciones (Seguridad Pública y Privada en la UCH o el máster en Biotecnología Azul en la UCV) han llegado demasiado tarde para poder activarlas en el curso previsto.

Es indudable el aumento en la dotación económica para financiar proyectos de investigación, pese a algunos fallos en convocatorias que en la práctica imposibilitaron la participación de grupos de investigación. También debe figurar en el haber del Consell la puesta en marcha de GenT, el plan para facilitar el retorno de talento joven emigrado o para retenerlo. Eso sí, de momento han sido 40 los beneficiados frente a los miles de jóvenes que dejaron la Comunitat en busca de oportunidades. Las universidades han pedido un esfuerzo más en este sentido.

El Consell ya está en negociaciones con las universidades privadas para permitir que sus alumnos de Ciencias de la Salud puedan utilizar los hospitales públicos para sus prácticas obligatorias. Han sido el Tribunal Constitucional y el TSJCV con anterioridad los que han obligado a rectificar la exclusión aprobada desde Educación y Sanidad con el apoyo de las universidades públicas. Tal y como anunció Ximo Puig, la solución, tras estudiar la capacidad de la red pública, se aplicará de cara al curso que viene.

Las universidades públicas insistieron desde el inicio de la legislatura en la necesidad de reconocer el complemento retributivo de la carrera profesional de su personal de administración y servicios (PAS), sobre todo desde que se abonó íntegramente a los profesionales de la administración de la Generalitat. Su pago ha sido progresivo, empezando por un 30% y desde el año pasado, como explican desde la Conferencia de Rectores, cubriendo la asignación completa. Eso sí, lo pagan las universidades y es la Generalitat la que les compensa el desembolso.

El convenio colectivo de las universidades públicas, que debe servir para recoger mejoras laborales y retributivas para los colectivos más precarizados de los centros, se ha negociado durante más de dos años y sigue sin concretarse. La última reunión se produjo en diciembre y en enero los sindicatos remitieron una propuesta conjunta a la conselleria reclamando un esfuerzo adicional en materia salarial para las figuras docentes más precarizadas (asociados y ayudantes doctores). El presidente Puig dijo hace unos días que harán todo lo posible por tenerlo listo antes de que finalice la legislatura. Las universidades presionan en el mismo sentido, pero habrá que ver si los representantes de los trabajadores estampan su firma en el documento, lo que dependerá de hasta qué punto se ha valorado su petición. La Comunitat es la única región que no tiene convenio colectivo, por lo que las condiciones de su personal laboral dependen de cada centro.