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La operación 'Valcites' de la Guardia Civil ha descubierto en Bétera la mayor colección de animales disecados del país. Los agentes han precintado las instalaciones mientras se trata de discernir si todas las piezas son legales tras detectar especímenes amenazados que requieren de un certificado especial de importación o cuyo origen está pendiente de acreditar. El propietario se ha comprometido a aportar los documentos necesarios.
La intervención genera interrogantes para el público profano sobre qué especies son susceptibles de caza mayor, qué se precisa para realizar actividades cinegéticas en el extranjero, sus costes o qué mecanismos de control existen. Sin olvidar la parte final, la naturalización de los trofeos, un trabajo laborioso que también cuenta con protocolos para garantizar la legalidad.
Desde la Federación de Caza de la Comunitat señalan que las agencias especializadas se encargan de las gestiones necesarias, como la licencia requerida en destino o los permisos de abate de las piezas previstas. Además, recomiendan consultar previamente con la Guardia Civil si el permiso de armas nacional es válido en el país o se requiere de alguna ampliación. También explican que se suele exigir un seguro que haga referencia explícita a que se va a desarrollar una actividad cinegética.
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Depende de la regulación de cada país, que de cara a las temporadas de caza establecen unos cupos en función de las poblaciones existentes. Eso sí, para traer un trofeo de caza a España se deben cumplir una serie de requisitos.
Antonio Mora, propietario de la empresa especializada The Hunter's Dream Safari, que opera desde hace 16 años en Sudáfrica, señala que cada finca tiene una relación de especies objetivo convenientemente acreditadas por las autoridades del país. «Cualquier pieza que sacas cuenta con sus certificados y es chequeada en las aduanas, donde se comprueba que esté incluida en los listados que permite el gobierno correspondiente o que por ejemplo no haya ningún 'bichito' dentro», señala de forma gráfica en relación a la prevención de que se exporte de manera accidental una especie que afecte al ecosistema de destino. «Hay muchísima burocracia que cumplir», sentencia.
Los países de la UE están adheridos a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que vela para que la explotación y exportación de animales y plantas no comprometa su conservación. Incluye un par de listados de ejemplares que requieren de permisos especiales para ser importados como trofeos de caza. Los expide el Ministerio de Transición Ecológica.
El certificado se suele requerir previamente a la caza (lo habitual es que se sepa qué piezas se van a abatir durante la expedición) y se emite en función de un dictamen de carácter científico «que determine que la extracción del medio natural del ejemplar no tendrá un efecto perjudicial sobre el estado de conservación de la especie», según la web del departamento.
Antonio Mora señala que las especies afectadas por el convenio CITES pueden variar en función del país de destino, y matiza que no todas requieren de esta certificación, como sucede con los antílopes o las cebras. También hay animales que no se pueden cazar, como los leones que no hayan sido criados en cautividad.
Al hilo de la Convención sobre Comercio Internacional hay una serie de especies que en función del país de procedencia no se pueden introducir en la Unión Europea al encontrarse especialmente amenazadas. Es lo que sucede con el elefante africano procedente de Camerún, la fosa de Madagascar o el ciervo siberiano, por citar algunos ejemplos.
Internet da una enorme variabilidad de precios, y algunos están hinchados. «También te puedes encontrar ofertas en las que lo más seguro es que no llegues a cazar nada», dice Mora, que además de cazador profesional dispone de la acreditación de Outfitter (director de organización de actividades cinegéticas). Se refiere a ofertas muy asequibles y alejadas de los precios de mercado.
«El precio depende, lo normal es ofrecer un pack que se adapta a las preferencias del cliente», añade. Para hacerse una idea, una cacería de antílopes rondaría los 3.900 euros y la de un búfalo de 42 pulgadas los 10.500. Incluyen servicios de acompañamiento y asesoramiento, aunque trámites y gestiones para la importación de las piezas suelen ir aparte.
Es la cuestión que planea sobre la colección. El investigado alega que la mayoría son herencia de su padre y que acreditará su propiedad. Mora, por su parte, señala que hace años «apenas existía burocracia ni documentación acreditativa a diferencia de hoy en día, en que se ha cerrado mucho el círculo para evitar ilegalidades». En relación al caso valenciano cree que sí se podrían presentar evidencias, como fotografías o pruebas documentales de las estancias de caza.
En cuanto a las especies sobre las que la Guardia Civil plantee dudas, se deberá acreditar por ejemplo si se se contó con el preceptivo certificado CITES, vigente en España desde finales de los ochenta. Y lo mismo en relación a las piezas de marfil detectadas. Fuentes de la casa de subastas Setdart explican que se pueden regularizar si se aportan pruebas de que fueron adquiridas con anterioridad a su aplicación.
Las piezas intervenidas estaban disecadas. Se trata de un proceso exhaustivo que cuenta con sus correspondientes cautelas para garantizar su procedencia legal. «Existe un protocolo de trazabilidad que mediante la documentación que aporta el cazador permite saber el momento en el que el animal sale del campo, dónde se ha abatido o verificar que existen los permisos de caza exigidos», explica Alfredo Pérez, de Taxidermia Alfredo, situada en Utiel.
El proceso de naturalización consiste, a grandes rasgos, en retirar la materia orgánica de la piel, tratarla y adherirla, junto al pelo, a una estructura que representa la morfología del animal. En cuanto a los precios, varían mucho en función de la pieza y la ornamentación. A modo de ejemplo, una perdiz puede rondar los 150 euros y un ciervo los 2.500.
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Melchor Sáiz-Pardo y Álex Sánchez
Patricia Cabezuelo | Valencia
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