B. González
Alcoi
Domingo, 6 de octubre 2024, 00:30
El 30 de septiembre arrancó el primer juicio civil en toda España por muertes por Covid en residencias de mayores durante la pandemia. Se está celebrando en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcoy, tras la denuncia interpuesta por 46 familiares ... de 15 residentes que fallecieron entre marzo y abril en el centro DomusVi. Se sigue contra la empresa gestora, Quavitae. Los familiares buscan, en primer lugar, respuestas. Lo que aseguran que no tienen desde hace cuatro años. Pero también «justicia y dignidad» por sus seres queridos. Es una de las frases que más repiten ante los muchos medios que siguen el proceso.
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La primera semana de sesiones ha sido dura. Con relatos desgarradores de lo vivido en el centro. Una situación similar a la de otras muchas residencias, pero que los demandantes consideran mucho más dramático en Alcoy. Aquí murieron 73 del total de 138 internos. Más de la mitad, además de un usuario del centro de día.
Esperan respuestas a muchas preguntas. ¿Qué pasó para llegar a tantos fallecidos? ¿Se habrían evitado víctimas con más prevención? ¿Se aplicaron los protocolos en el momento adecuado? ¿Las medidas que la residencia adoptó influyeron en los contagios y la mortalidad? ¿Intervinieron otros factores propios y únicos de esta residencia? ¿Hubo falta asistencial a los residentes? ¿Se informó adecuadamente a los familiares sobre el estado de los residentes? Una vez intervenido el centro por Sanidad, cuando hubo 60 muertos más, ¿las decisiones adoptadas son atribuibles a la residencia o a la Conselleria?
A lo largo de las cinco primeras sesiones se han podido escuchar dos realidades muy distintas de lo que ocurrió desde finales de febrero hasta mediados de marzo, cuando el virus campaba ya en la residencia. Por un lado la expuesta por los testigos de la parte demandante: extrabajadores y médicos que estuvieron en primera línea durante esos días. Consideran clave los días previos a la obligatoriedad de protocolos y restricciones para haber evitado el contagio masivo con medidas preventivas. Han hablado de «caos» y de «desamparo» de los internos. También los propios gerocultores han declarado sentirse «abandonados» por sus responsables. Una de ellas incluso ha mantenido ante el juez que la obligaron a trabajar con claros síntomas de Covid. Desorganización y desinformación son las palabras con las que resumen los factores diferenciales de esta residencia con otras del entorno e incluso de España.La parte demandada, la empresa gestora, quiere demostrar que la situación era tan excepcional que nadie, ni las autoridades (que cambiaban de medidas de un mes para otro), sabía cómo atajar la situación. Que la residencia no incumplió protocolos ni órdenes en esos primeros días, porque no había nade de lo primero ni de lo segundo a nivel sanitario en la Comunitat. Que se actuó «como se pudo» en esos momentos, que la falta de medios materiales y personales era común en todo el país. Y que una vez intervenido el centro, y cuando se produjeron el grueso de víctimas (60 de las 74), se seguían las directrices que marcaba Sanidad.
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