![La Clínica Jurídica de la UV ayuda a los afectados en sus gestiones tras la dana](https://s3.ppllstatics.com/lasprovincias/www/multimedia/2024/12/18/campus-uv-tarongers-kLII-U2201646314744N4B-1200x840@Las%20Provincias-RstTj6JgCpRrldZ0EK68KkM-1200x840@Las%20Provincias.jpg)
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Numerosas organizaciones tratan de aportar su granito de arena a la reconstrucción tras la dana. En este sentido, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universitat de València (UV), ha reunido más de 200 voluntarios entre profesores y alumnos de Derecho y ... dobles grados relacionados con el mismo. Estas personas se encargan de asesorar cada caso individual de las dudas que puedan tener los afectados en cuestión de todas las gestiones individuales que llevar a cabo para la recuperación personal y familiar. Además, parte de los grupos de trabajo creados se encargan de preparar guías e infografías que se destinarán a facilitar la información de cómo proceder en todos estos procesos.
Pilar Fernández, coordinadora de la Clínica Jurídica UV, explica que todo comenzó a los pocos días de la tragedia. «Existen miles de cuestiones jurídicas que surgen a partir de este tipo de catástrofes. Cuando todo pasó, desde la Clínica pensamos cómo podríamos nosotros aportar, y nos dimos cuenta que podíamos asesorar a los afectados en todas estas cuestiones». En este sentido, Fernández explica que la Clínica se ha dividido en sectores para organizar esas tareas de asesoría. «Hay equipos de trabajo que se encargan de consultas en temas laborales, otros sobre consultas de subvenciones, los seguros, la afectación en los impuestos, aspectos relacionados con lo civil, o sobre la infancia».
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En este sentido, Fernández cuenta que hasta la fecha la mayoría de consultas recibidas han tenido que ver con consultas administrativas, es decir, la gestión de las ayudas y las subvenciones. «Mucha gente ha sufrido daños en muchos de sus bienes y no sabe cómo solicitar una ayuda, o antes de pedirla quiere saber cómo le afectará en materia de impuestos o costes futuros». Al mismo tiempo, llegan también muchas cuestiones relacionadas con la gestión a realizar con el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). «A la gente le ha tocado vivir procesos que desconoce porque nunca pensaríamos que nos toca», comenta Pilar Fernández.
En este sentido, desde Clínica Jurídica han limitado su asesoría a los afectados que forman parte de su comunidad universitaria -profesores, alumnos, investigadores, o trabajadores- y sus familiares de primer grado. «Se debe tener en cuenta que seguir cada caso individual lleva mucho tiempo. No sólo informamos, estudiamos cada caso al milímetro y asesoramos conformes surgen todas estas cuestiones», explica Fernández, quien afirma que llevan en estos momentos en torno a un centenar de asesorías particulares.
Del mismo modo, Pilar Fernández junto con su homólogo Andrea Gascón -también coordinador de la Clínica- decidieron pedir ayuda a universidades de toda España. «Los días 7 y 8 de noviembre se celebraba un encuentro entre las clínicas jurídicas de numerosas universidades del país. Andrea y yo fuimos y decidimos poner sobre la mesa la idea de que nos ayudaran en nuestra idea ayudar a los afectados. La gente ha respondido y colaboran con nosotros 21 universidades de toda España. Éstas se encargan de realizar documentos e infografías para ofrecer de manera más sencilla toda la información que los afectados necesitan. Gracias a toda esta información, Cristina López de la universidad Miguel Hernández ha ofrecido una guía que va a salir en papel, y que van a volcar en una web accesible al público para que todo el que tenga una duda pueda consultar. Estará accesible en Navidad».
En conjunto son un total de 200 voluntarios que quieren aportar su grano de arena, reuniendo estudiantes y profesores que hagan más sencillo el devenir de los afectados. «Somos un espacio que funciona desde 2006 donde tenemos estudiantes de derecho y de doble grado haciendo las prácticas curriculares. Además colaboramos con entidades que pelean por la justicia social. La idea era aprovechar nuestros recursos para que no se vulneren los derechos de las personas que están sufriendo», sentencia Pilar Fernández.
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