El colapso de los centros de menores de la Comunitat obliga a desviar internos a un albergue

LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que el área encabezada por la vicepresidenta segunda del ejecutivo valenciano, Susana Camarero, se habría visto forzada a realojar a 40 menores no acompañados en régimen de acogimiento residencial en el refugio del municipio alicantino de Biar. Camarero ya se pronunció sobre la subida de menores no acompañados llegados a la Comunitat a finales de febrero en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud. La vicepresidenta segunda del Consell exigió al Gobierno central «planificación, coordinación y financiación» para abordar «de forma eficiente y efectiva» la llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados.

«La llegada masiva de menores a un sistema social tan tensionado ha supuesto para la Generalitat tomar medidas de emergencia y aprobar contratos por un coste de más de 1,5 millones de euros», declaró la titular de Servicios Sociales en referencia, por ejemplo, a la adjudicación de una partida presupuestaria destinada a reforzar la capacidad del Centro de Acogida de Menores Las Virtudes de Villena con 40 plazas, un recinto situado a tan sólo siete kilómetros de Biar. Dicha aportación se enmarcaba dentro del conocido como 'Proyecto Migratorio', un plan «que pretende atender de manera excepcional y temporal, durante seis meses, la situación de emergencia migratoria». Pese a que el número de menores reubicados en el albergue de Biar sea idéntico al que motivó la subvención de la Generalitat, desde Servicios Sociales defienden que es fruto de «una casualidad» y que «no tiene nada que ver».

La Conselleria de Servicios Sociales ha manifestado que la protección de este colectivo es competencia autonómica y que, como Administración, deben ofrecer una respuesta «con la mayor brevedad posible» para que los menores estén «en las mejores condiciones y en unas instalaciones adecuadas a sus necesidades». Aún así, desde la Vicepresidencia Segunda no han querido contestar a la consulta formulada por este periódico sobre si la medida se ha extendido a más albergues o infraestructuras similares ni si hay más menores desplazados para constatar que existe un colapso en la prestación de este servicio además de lo acontecido en Biar.

Fuentes municipales de la localidad del Alto Vinalopó dicen haber recibido el anuncio de la iniciativa el pasado viernes aunque quedan a la espera de reuniones para ver cómo se concreta ya que, entre otras cosas, el hostal biarense está bajo la titularidad del Instituto Valenciano de la Juventud. Este diario ha contactado con el IVAJ con la intención de verificar si eran conocedores del desplazamiento de los menores al albergue, en cambio y paradójicamente, la respuesta del área juvenil ha sido que no tenían constancia de ello, pese a que el IVAJ es una entidad dependiente de la propia Conselleria de Servicios Sociales.

El complejo del albergue de Biar está equipado con un total de 72 plazas que se reparten en nueve habitaciones con seis camas sin baño, dos estancias con cuatro camas y un servicio, un habitáculo con cuatro camas sin aseo y tres cuartos con dos camas y excusado adaptados compartidos. Además, el recinto está equipado con otro tipo de dependencias comunes como una piscina, un comedor, una biblioteca y tres salas de ocio. Según la cantidad máxima de menores que pretende desplazar Servicios Sociales, los nuevos internos podrían copar hasta más de la mitad del aforo total de la instalación, un 55,6% para ser exactos.

Los 'Anuarios Estadísticos de Infancia y Adolescencia' publicados por la entonces llamada Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que en su día también ostentaba el rango de vicepresidencia durante los gobiernos del Botánico, incrementan los interrogantes. Las cifras expuestas en los años comprendidos entre 2019 y 2022, ejercicio del que se tienen los últimos datos disponibles, arrojan tres conclusiones: el número total de menores no acompañados en la Comunitat baja, al igual que también desciende el número de plazas ofertadas en centros de acogida mientras se incrementa la cantidad de adolescentes sin tutor legal que pide alojarse en una residencia de Servicios Sociales.

Mientras que en 2019 había un total de 4.379 menores sin tutor legal en los registros de Servicios Sociales, bien en la modalidad de acogimiento familiar, de familia extensa o educadora o bien en la de alojamiento residencial, en 2022 esa cifra bajó de manera notable hasta situarse en los 3.862 menores. En cambio, no es hasta el año 2021 cuando el número de menores demandantes de asilo supera a la cantidad de plazas disponibles con 1.484 potenciales internos para 1.448 hospedajes. La consecuencia fue que se generó un déficit asistencial de 36 menores sin plaza. En el siguiente ejercicio, el correspondiente a 2022, se volvió a repetir la misma tónica aunque se redujo la falta de plazas a la mitad, hasta las 14 en negativo, al pasar a tener una proporción de 1.653 demandantes para 1.639 hospedajes. Por tanto, los números demuestran cómo la gestión del Botánico produjo un recorte de 56 plazas en residencias de menores en cuatro años tras haber pasado de tener 119 centros repartidos por las tres provincias en 2019 a 118 instalaciones en 2022.