El colapso de oficinas de asilo desploma las investigaciones a mafias en Valencia

La imposición de un mayor número de entrevistas de solicitud de asilo a policías nacionales de la Brigada Provincial de Extranjería de Valencia, vinculado con el colapso de las oficinas de asilo, coincide con una caída de investigaciones por trata de seres humanos y mafias de inmigración en los últimos años en la provincia. Esa es la queja que lanza el sindicato Justicia Policial (JUPOL).

La Delegación del Gobierno expone que el plan de choque para acortar los plazos en las entrevistas de solicitudes de asilo en Valencia, para cuyo trámite se están destinando a más policías, responde a un sólo motivo: «A pesar del aumento de entrevistadores y entrevistas en los meses precedentes», Valencia estaba por encima de la media nacional en los tiempos. Es decir, la policía iba, en teoría, demasiado lenta para lo que se considera deseable entre que se da la cita al solicitante de protección internacional y llegaba el momento de la entrevista.

Fuentes de la Policía Nacional responden que los recursos y agentes «se organizan en función de las necesidades de cada momento», sin negar ese desvío de horas de trabajo de investigadores a tareas de entrevistas de asilo. En cuanto a la relación con la caída de investigaciones, no comparten la causa-efecto a la que aluden los representantes sindicales.

Estas son las cifras que pone sobre la mesa Jupol: «Coincidiendo con el inicio de esta situación», en referencia a los refuerzos en las entrevistas, «las investigaciones por trata han ido cayendo» en Valencia. Por ejemplo, añaden, en 2016 las operaciones fueron 12. Al año siguiente cayeron a siete y, ya en 2018, se cuantificaron cuatro, con una clara tendencia a la baja.

«Y este año, que se empezaba a remontar, se ha decidido triplicar el personal dedicado a entrevistas de asilo en perjuicio de estas unidades especializadas», se queja la asociación laboral de policías.

Por ejemplo, a agentes de dos grupos de investigación de la UCRIF (Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades) se les ha impuesto la obligación de realizar 14 entrevistas diarias. Y casi todos los grupos del resto de la Brigada de Extranjería deben dedicar también horas del día al cometido dentro del plan de choque planificado por el Gobierno y los mandos de la Policía Nacional. Y estas funciones «se suman a la carga de trabajo que cada grupo tiene por la falta de personal generalizada», lamenta Jupol.

La cuestión de fondo, ahondan los agentes consultados por este periódico, es que la Oficina de Asilo y Refugio, centralizada en Madrid, «se encuentra desbordada y no puede cumplir con los plazos legales». Los policías están convencidos de que hoy se está usando la ley del derecho de asilo de manera excesiva, «como una forma de regularización encubierta por parte de inmigrantes irregulares que, aconsejados con seguridad por abogados y ONG's, se aprovechan de esa saturación y la imposibilidad en cumplir los plazos para evitar su expulsión y acumular tiempo de estancia en España con una posterior petición de residencia por arraigo».

El propio Tribunal Supremo ya ha calificado este mecanismo en una sentencia como «un grosero uso fraudulento de la ley que agrieta o prostituye el asilo». Pero en la práctica, y pese a ello, persiste en toda España ese aluvión de peticiones de asilo al que ahora los policías de Extranjería deben dedicar más tiempo desviados de sus funciones habituales de control o investigación.

El malestar no llega sólo de Jupol. Para Juan Antonio Torres, secretario provincial de Alternativa Sindical de Policía (ASP), «la detracción de policías de una unidad de investigación» como la UCRIF «a tareas administrativas de entrevistas de asilo es una mala noticia y una merma en el servicio a los ciudadanos». En especial, «puede afectar a otros extranjeros víctimas de explotación laboral, prostitución, venta ilegal...», citan. También estima el sindicato que el movimiento de policías «ha podido y puede influir» en detrimento de las investigaciones.

«Los policías de los grupos operativos deben estar en la calle y no en tareas que convendría asignar a personal de los cuerpos generales de la administración», resalta Torres en referencia al plan de choque puesto en marcha.

Los sindicatos coinciden en que se genera un efecto de llamada. «Al haber más entrevistas de solicitud se acortan los plazos» en Valencia, precisamente el objetivo del plan. «Pero entonces se corre la voz entre extranjeros y volvemos a la situación inversa. Llegan más de otras ciudades, como Barcelona por ejemplo, porque saben que se ha agilizado».

Para el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el descenso de las investigaciones de la UCRIF guarda relación «con una falta de agentes generalizada». La tasa de reposición, lamentan, «es inferior al 115% que sería lo deseable».