Juristas auguran «una hecatombe» tras el verano por los procesos aplazados

La Justicia española y valenciana siempre se ha caracterizado por su lentitud. La sobrecarga de trabajo de jueces, fiscales y abogados, el retraso tecnológico de la institución y la falta de medios materiales y humanos que la caracterizan lleva a que muchos procesos se dilaten en el tiempo y que sea habitual que se dicten sentencias cuando ya han transcurrido varios años desde que sucedieron los hechos. Esta maquinaria que ya estaba al límite se ha encontrado en 2020 con un enemigo inesperado, el coronavirus. La enfermedad puede ser el golpe de gracia para los juzgados, tal y como reconocieron ayer diferentes expertos, que consideraron que el confinamiento que provocó la pandemia amenaza con provocar «una hecatombe».

Así de contundente se mostró Rosa Guiralt, fiscal delegada de Violencia sobre las Mujeres, en una comparecencia que tuvo lugar ayer en la comisión de Justicia en el marco del debate parlamentario sobre el proceso de reconstrucción de la Comunitat Valenciana. Pero esta tesis también fue respaldada por otros juristas presentes en la comisión como Agustín Ferrer Olaso, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, o el magistrado José Ramón de Blas, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Todos ellos coincidieron en que el sistema se encuentra en una situación límite y que es necesario tomar medidas antes de que sea demasiado tarde.

Pese a que no existe un dato concreto sobre el impacto del coronavirus, se apunta a que más de 20.000 juicios se han tenido que aplazar durante el estado de alarma, en el que tan solo se han llevado a cabo los procedimientos indispensables. A estas cifras hay que sumar que ya en 2019 entraron como asuntos nuevos 661.833 litigios y había pendientes de resolución otros 277.372, con una media de 1.564 por órgano judicial.

Estos datos que evidencian el por qué de la lentitud del sistema judicial valenciano, que también se espera que reciba una nueva estacada. Tal y como destacaron los expertos, los órganos no solo deberán abordar los procesos aplazados sino también los nuevos que vayan surgiendo y entre los que se espera un aumento debido a la crisis económica generada por la pandemia.

De esta forma, apuntaron que tras el verano se verá como poco a poco incrementarán litigios de violencia de género, laborales como despidos o ERTE, disolución y quiebras de empresas e incluso reclamaciones por las miles de multas que se impusieron durante el estado de alarma y que se pueden recurrir. Un problema que si no se aborda ahora, cuando se dispone de cierto margen de actuación antes de la avalancha prevista, puede ser demasiado tarde.

La fórmula para poder afrontar esta sobrecarga de trabajo en la justicia es clara, dotar de más medios materiales y humanos. Pero pese a la aprobación del plan de choque impulsada por Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, y dotada de 50 millones para todo el Estado, el sector considera que la inversión es insuficiente y que son necesarias otras medidas complementarias que también pidieron ayer a los partidos políticos valencianos, ya que el Consell tiene transferidas parte de las competencias de esta materia. Por ello, desde sindicatos como CSIF se pide que se concreten las medidas y que se reflejen en un incremento de las plantillas y en la adquisición de medios tecnológicos para una justicia considerada obsoleta en este ámbito.

Rosa Guiralt, fiscal delegada de Violencia sobre las Mujeres realizó ayer una profunda crítica sobre la actuación del sistema de protección a las víctimas de violencia de género. «Se ha dejado a muchas mujeres solas durante el confinamiento», admitió Guiralt, que durante su comparecencia señaló que no entiende cómo se sustituyó la atención presencial por la telefónica en todos los casos ya que hay personas «que necesitaban saber que no estaban solas».

La responsable del ministerio público evidenció la paradoja que ha ocurrido ya que mientras aumentaron las llamadas al 016 durante el confinamiento el algo más de una decena de denuncias que se producen cada día en la Comunitat desaparecieron. «Ha habido desinformación ya que muchas no sabían que disponían de los juzgados especializados y de los juzgados de guardia para realizar las denuncias pertinentes», aseguró Guiralt, que reprochó que no se citara a las víctimas a declarar por la falta de policías.

El presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados, Agustín Ferrer, lamentó ayer «la lentitud» con la que se reaccionó desde los órganos judiciales e indicó que la administración «no ha estado a la altura». Ferrer alertó de que esta falta de agilidad «nos llevará a un auténtico caos judicial, con un retraso en la tramitación de los procedimientos inasumible».

Indicó que mediante el plan de choque del ministerio de Justicia se prevé crear tres juzgados en la Comunitat, uno por provincia, «lo que resulta del todo insuficiente puesto que para lograr llegar a cubrir las necesidades del momento, harían falta 30 veces más juzgados«. Afirmó que si la situación de la Justicia ya era insostenible antes de la pandemia, »ahora está al borde del colapso«. Sobre todo a partir de octubre, especialmente »en procedimientos por violencia de género, mercantil y civil«. Para combatir el Consejo Valenciano, considera imprescindible modernizar la justicia «a través de la creación del expediente electrónico, lo que logrará» de forma clara conseguir un aforo seguro en los órganos judiciales«.

También recomendó el uso de la mediación para evitar el colapso judicial. No obstante Ferrer alertó de que el futuro Reglamento sobre esta materia en el que trabaja el Ejecutivo valenciano «constata un riesgo de externalización de la justicia», al no exigir que los mediadores sean abogados en ejercicio. «Si lo que se busca con la mediación intrajudicial es desatascar la Justicia, consideramos que el reglamento debe prever que el mediador, o en el caso de la comediación al menos uno de los mediadores, sea un profesional del Derecho. Si no se hace va a conseguir justo el efecto contrario«, sentenció.

Evitar «el colapso judicial». Esta es según José Ramón de Blas, dirigente de la Asociación Profesional de Magistratura, la misión que tienen por delante los responsables públicos. De Blas indicó que a «la mala situación endémica se le ha sumado la pandemia» en unos juzgados que en la mayoría de los casos ya se encuentran desbordados. En concreto, el compareciente citó que juzgados de lo social y mercantil de Alicante, Elche y Valencia tienen una sobrecarga de entre el 150% y el 200%.

De Blas insistió en que el problema en la Justicia sigue siendo la falta de medios, tanto de material como de personal, y reclamó que se adopten medidas para evitar un nuevo colapso del sistema en un futuro. Además, cuestionó la alta dispersión de los órganos judiciales, que dificulta las tramitaciones, y solicitó que se invierta de una vez para fomentar un proceso de digitalización que permitiría agilizar una infinidad de procesos judiciales.