Abogados cargan contra la reducción de juzgados de violencia de género

«No es que no queramos que existan los juzgados de violencia de género que se han determinado en el real decreto, lo que queremos es que los juzgados que ya tenían competencias en esta materia, no las pierdan porque las primeras afectadas van a ser las víctimas», asegura la presidenta.

Borja insiste en que se trata de un «problema grave» que afecta, principalmente a las víctimas, pero también «a los letrados y letradas de oficio que les deban atender, a las fuerzas y cuerpos de seguridad y a todo el sistema judicial que debe velar antes que nada porque las víctimas que sufren este tipo de violencia estén en las mejores condiciones».

Como ya expresaban desde la delegación del Colegio en Xàtiva, en el caso de las víctimas de este partido, subraya, la distancia es de más de 160 kilómetros de ida y vuelta o el de Catarroja con más de 60. Algo que, según indica la decana, « va en contra de lo que establece el propio decreto, que es conseguir una mejor optimización de los recursos disponibles, con el fin de alcanzar una mayor proximidad en relación con la víctima, que redundará en una atención más especializada, ágil y uniforme».

«Al final la norma consigue exactamente el efecto contrario a lo que persigue y se convierte en una medida disuasoria para las víctimas», asegura Borja, quien apunta que el ICAV enviará a la Conselleria de Justicia un documento con su postura, pidiendo la reversión de la situación, la creación de nuevos juzgados de violencia de género en todos los partidos judiciales, »y en los casos en los que esto no se pueda llevar a cabo de forma inmediata, la compensación económica también a los abogados y abogadas de oficio encargados de asistir a las víctimas de violencia de género«.

La comarca de l'Horta Sud que pierde tres de los cuatro juzgados de violencia de género (Catarroja, Picassent y Quart de Poblet) no está dispuesta a que esto pase. El grupo más beligerante contra la reordenación es Compromís, que ya ha solicitado a la Mancomunitat de l'Horta Sud que se posicione al respecto. El alcalde de Catarroja, Jesús Monzó, lidera este movimiento y ha solicitado una reunión con la consellera Gabriela Bravo para expresarle su oposición. «Queremos que defienda el juzgado de Catarroja como también ha anunciado que va a hacer con el de Xàtiva», ha señalado.

De igual forma, ha remitido cartas para conseguir el apoyo de los alcaldes de los 20 municipios que se verán afectados por esta supresión y les ha invitado a participar en el encuentro con Bravo. En lugar de eliminar este servicio, «queremos que se dote de medios y personal y que se especialicen para poder atender en condiciones», señala. Además, Monzó ha pedido al resto de ayuntamientos que reivindiquen su mantenimiento en los manifiestos que se leerán por el 25N.

Entre los perjuicios que tendrá la propuesta de reordenación está el desplazamiento de las víctimas a otra comarca, hasta el juzgado de Sueca. Esto implica que tendrán que utilizar un medio de transporte y en el caso de hacerlo por tren, pueden coincidir con sus agresores. Además, el juzgado más próximo es el de Torrent, pero tampoco existe una conexión directa con transporte público entre algunos municipios y la capital de l'Horta Sud. «Somos el eje comarcal y la cuarta provincia de España, no pueden suprimir este servicio que se presta a una población de cerca de 100.000 habitantes», comenta Monzó, en referencia al partido judicial de Catarroja.

También se ha pronunciado la portavoz de Compromís de Quart de Poblet, Rosa María García, «no podemos compartir una lógica que antepone la optimización de unos recursos, ya de por sí escasos, en detrimento de la proximidad en la prestación de los servicios públicos. Si la misma Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha informado de la necesidad de ampliar el número de juzgados especializados, no podemos estar de acuerdo en concentrarlos». «Confiamos en que la alcaldesa y el resto de la corporación municipal nos apoye defendiendo la proximidad y la comarcalización de los servicios públicos frente al centralismo y el recorte de competencias».

La entidad formación presentará al próximo pleno municipal una moción de urgencia instando al Gobierno de España a mantener la actual ordenación de la planta judicial y ampliar el número de juzgados especializados en violencia de género.

Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, como ya se pronunciara este lunes tras la reunión con el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, en que «nadie pierde», porque «el espíritu que ha inspirado el proyecto de agrupación de partidos judiciales es el de mejorar la atención a las víctimas y eso está por encima de los intereses de cada alcalde o municipio».

«Lo que queremos son profesionales absolutamente especializados con la máxima experiencia que actúen y trabajen solo y para las víctimas», insiste Bravo quien habla de crear una red de juzgados exclusivos «para que incluso se puedan crear guardias de disponibilidad entre ellos».

La consellera también ha dicho que no se quitan recursos sino que se «concentran» y que las víctimas contarán con un servicio gratuito de traslado desde sus domicilios a la sede judicial.