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Lo abogados portan una pancarta oponiéndose a la eliminación del juzgado de violencia de género. Jesús Signes
El Colegio de Abogados de Valencia recurrirá el Real Decreto y pedirá medidas cautelares

El Colegio de Abogados de Valencia recurrirá el Real Decreto y pedirá medidas cautelares

Los letrados lamentan que no se les haya consultado para establecer la distribución geográfico y auguran que la distancia disuadirá a las víctimas a denunciar

B. González

Xàtiva

Viernes, 25 de noviembre 2022, 19:52

La decana del Ilustre Colegio de Valencia, Auxiliadora Borja, ha anunciado que van a recurrir el Real Decreto de agrupación de juzgados en materia de violencia de género y que además pedirán medidas cautelares para que no entre en vigor en enero. Lo ha dicho en Xàtiva, donde esta tarde ha participado en la manifestación del 25N apoyando a sus compañeros del partido judicial que han reivindicado mantener las competencias en esta materia.

Borja ha manifestado que "estamos encantados de que hayan creado juzgados especializados de violencia, pero no podemos entender que una mujer vulnerable, por mucho taxi que le pongan, tenga que denunciar en Xàtiva e irse a 80 kilómetros a ratificar la demanda al día siguiente".

«La consellera les puede poner una limusina, pero si aquí, arropadas por sus familiares y estando la comisaría a 20 metros del juzgado, a veces, ya no ratifican ante el juez, cómo lo van a hacer a más de 80 kilómetros y solas. Se van a echar atrás. Es una medida disuasoria».

La decana ha lamentado que no se les haya tenido en cuenta para la distribución geográfica que se ha hecho. «Se han mezclado colegios y eso dificultará el trabajo por la incompatibilidad de sistemas informáticos y eso redundará en dificultad para las víctimas», ha subrayado.

Abogados de todo el partido judicial y también de otros afectados como el de Catarroja, ataviados con sus togas; así como representantes políticos de los 26 municipios afectados, de todos los signos políticos, han participado en la marcha de la capital de la Costera para decir «no» al Real Decreto y reclamar mantener las competencias.

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