Un colegio reclama tras el fallo del Supremo los fondos que le recortó Marzà

Las dos primeras sentencias del Supremo que deshacen el recorte de conciertos de Bachillerato y FP abren diferentes vías a los centros afectados a la hora de solicitar compensaciones económicas. Cabe recordar que el Ato Tribunal ha confirmado definitivamente el primer pronuncimaiento del TSJCV, que defendió que debían haberse mantenido los fondos públicos retirados entre los cursos 2017-2018 y 2020-2021. De hecho, uno de los beneficiados, la Escuela Profesional la Salle de Paterna, va a pedir el reintegro de los gastos de funcionamiento correspondientes a las aulas afectadas, de tres ciclos formativos distintos. 

Tal y como explicó ayer Joaquín Monzón, abogado de los servicios jurídicos de Escuelas Católicas que ha dirigido el proceso, ya existe jurisprudencia en el sentido de reclamar estas cuantías en concepto de mantenimiento de las infraestructuras aunque no haya existido docencia, como es el caso. Lo que se tiene que perfilar aún es la cuantía a solicitar.

Los dos fallos -el otro recupera una línea del colegio El Pilar de Valencia- abren un abanico de posibilidades, pues más alla de resarcir a los centros cabe incluso que indirectamente se pueda indemnizar a familias afectadas por la decisión de Educación.

Así lo explican las fuentes jurídicas consultadas por LAS PROVINCIAS que son parte en procesos muy similares. Además de los dos centros citados hay al menos otros 25 que cuentan con una sentencia del TSJCV que anula los recortes sufridos, la mayoría en los niveles postobligatorios y con fundamentos idénticos a los ya confirmados por el Supremo. Por eso se espera el mismo pronunciamiento para todos.

Los fallos del tribunal valenciano no sólo reconocían que las aulas debían estar concertadas hasta este curso, sino que el matiz incluido -«con las consecuencias económicas inherentes a esa declaración»- abre la puerta a múltiples opciones, pues no todos los centros actuaron igual.

Los hubo que renunciaron a mantener la oferta educativa, lo que dificulta exigir los fondos perdidos relacionados con el personal, que no existió, pero otros optaron por mantener las aulas en régimen privado, asumiendo todos los costes las titularidades y las familias. En este caso, considera otro letrado que dirige tres procesos similares, sí puede exigirse la cuantía íntegra del concierto no disfrutado, que incluye gastos de funcionamiento, los retributivos y los variables.

Para Pablo Delgado, que representa a los centros La Purísima Franciscanas de Valencia y de Alzira y al colegio Domus -el primer letrado que planteó medidas judiciales- «la conselleria debe acabar con este calvario e indemnizar tanto a los centros como a las familias que han estado pagando la educación de sus hijos de sus bolsillos cuando se ha reconocido que debía estar concertada». De hecho, esta será su recomendación jurídica. También va a pedir a la administración que desista de los recursos de casación pendientes.

Otro letrado a la espera del Supremo señala que la compensación indirecta a las familias llegaría a través de los centros (que son la parte incluida en el proceso) tras ser indemnizados por la administración. Así, mitigarían los costes que han tenido que asumir durante el periodo en el que la enseñanza ha sido privada.

Por su parte, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, cuestionó ayer el pronunciamiento del Supremo. «Si se interpreta que la concertación es vitalicia la adecuación del mapa escolar, cuando se produce un descenso de alumnos, sólo se podría realizar a través del cierre de colegios públicos. Llegaríamos al punto absurdo de pagar por tener centros privados dando Bachillerato y tener que cerrar los públicos. No parece muy razonable en cuanto a eficiencia», dijo. También cuestionó que se garantice la competencia, dijo que están estudiando los fallos para ver si hay opciones de seguir con la vía judicial y se planteó si es necesario «un cambio de la ley para no llevarnos a situaciones absurdas como cerrar institutos públicos».