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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat vuelve a cuestionar la política de la Conselleria de Educación en seis sentencias en las que anula parcialmente el decreto que regulaba los conciertos educativos y devolviendo a varios colegios los fondos públicos retirados el año pasado, la mayoría de aulas de Bachillerato.
Las sentencias determinan que la Conselleria contravino la regulación estatal sobre conciertos y obliga a devolverlos a seis de los centros perjudicados. La medida tiene efectos retroactivos, exactamente desde el curso pasado, «con las consecuencias económicas inherentes», lo que implicará, según fuentes jurídicas, el pago del concierto no disfrutado en el 2017-2018.
Los centros son el María Inmaculada de Carcaixent, Aitana de Elche, Sagrado Corazón de Alicante, La Purísima Franciscanas de Valencia, Colegio La Salle de Alcoy, el Colegio Parque Santa Ana y el Colegio El Armelar.
El TSJ todavía tiene que resolver los recursos presentados por otros nueve centros.
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