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ARTURO CHECA
Martes, 26 de febrero 2019, 00:37
«Crear una oficina de denuncias especializada en violencia de género en estas condiciones es contraproducente. Creo que, lejos de acompañar y facilitar a la víctima en un paso tan duro y tan trascendental como es romper con la situación de maltrato, es más probable que les produzca una segunda victimización. Nos tienen ya tristemente acostumbrados a que las UFAM (Unidades de Familia y Mujer de la Policía Nacional) trabajen en precario, con mucho menos personal del que necesitan, pero pretender crear una oficina de estas características para toda Valencia con cuatro policías y una subinspectora (subinspectora) es, desde mi punto de vista, una irresponsabilidad». La contundente parrafada no es de un cualquiera. La lanza Miguel Ángel García, secretario de Igualdad y Conciliación del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Pero ni siquiera es sólo eso. Suya fue una de las primeras voces en reclamar el proyecto hace más de dos años, cuando policías reclamaron «una oficina única de denuncias de violencia de género tras quejas de las víctimas», como adelantó LAS PROVINCIAS en noviembre de 2016. Veintiocho meses después, con infinidad de reuniones de por medio e incluso una 'minicrisis' en el Consell, al chocar dos mismos proyectos simultáneamente impulsados por la vicepresidenta Mónica Oltra y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, la oficina especializada está a punto de ser una realidad. Se ubicará en tres despachos de la Ciudad de la Justicia y la intención del Consell es que entre en funcionamiento a lo largo de marzo. Pero la 'realidad' que finalmente se plasme en la oficina dista mucho de la imagen deseada por los especialistas policiales.
Tras la reunión mantenida ayer por responsables policiales con el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel, así como con el comisario de la Policía Autonómica, cuerpo adscrito del que saldrán los agentes destinados a la oficina única, el dictamen de García fue duro: «Sería mucho mejor que esta oficina no se creara en estas circunstancias». La ubicación de la comisaría será en la Ciudad de la Justicia, con tres despachos, para atender otros tantos casos a la vez en caso de que el personal sea suficiente. Pero el proyecto no invita a confiar en ello. Como señalan desde el SUP, la plantilla de la nueva oficina estará conformada por una subinspectora y cuatro policías, pertenecientes a la Policía Autonómica, «ninguna relacionada con la asistencia a la víctima de violencia machista, sin formación ni experiencia en la materia».
Esta semana está previsto que empiecen a acudir a la UFAM para aprender a tomar denuncias y familiarizarse con el programa Viogen, aplicación en la que se registran todas las víctimas y se fija la valoración de su riesgo. Como lamenta el sindicato, la cifra idónea fijada en el proyecto ideal era de un mínimo de 16 policías, «para que dieran un servicio efectivo de 24 horas». Las libranzas, bajas por enfermedad y días de asuntos propios harán que «lo más habitual será que haya una policía por la mañana y otra por la tarde».
Otro elemento criticado desde el SUP es que la apertura de la oficina se produzca sólo de lunes a viernes, mañana y tarde. Ni rastro de madrugadas o fines de semana. «No hablamos de una oficina de denuncias en extravíos del DNI, donde uno puede acudir un día, y si no le atienden, otro día. Hay que atender en excepcionales condiciones para que las víctimas no salgan huyendo, de vuelta al lugar donde son maltratadas».
García también critica la falta de agentes en la Policía Autonómica. «La Unidad Adscrita está abriendo campo en labores novedosas y muy importantes como la lucha contra la economía sumergida, patrimonio, medio ambiente, colaboración con Ayuntamientos, etc... y ahora también esta oficina, pero para desempeñar todas estas funciones deberían incrementar notablemente su personal, que se está viendo mermado de unos años a esta parte, pues no se está reponiendo al personal que se jubila y las funciones son cada vez más».
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