El Comité Económico y Social da luz verde a la ley de Costas valenciana mientras siguen los deslindes

El Comité únicamente realiza unas precisiones al texto de la ley e insta a la Generalitat a que tenga en cuenta a la hora de planificar los efectos de la dana ocurrida el pasado 29 de octubre y que ha provocado hasta el momento 223 muertes. En este sentido, indica que se deben tener en cuenta las consecuencias del cambio climático y urge a «revisar la normativa y los instrumentos de planificación territorial, incorporando con rigor científico-técnico los nuevos escenarios climáticos para adaptarse a una realidad cada vez más preocupante».

El dictamen del CES precisa unas observaciones generales entre las que destaca la llamada que hace a que el nuevo texto legislativo respete formas tradicionales de cultivo en el litoral. En este caso, destacan la importancia del tomate del Perelló o la alcachofa de Benicarló. «Estos cultivos, no sólo han enriquecido el patrimonio cultural y las tradiciones locales, sino que también ha contribuido a limitar la salinización del suelo, reducir la presión urbanística y combatir los efectos del cambio climático». Por todo ello, considera que es necesario que se integren los usos del sector agrario con otros usos económicos.

La principal observación que realiza el comité a la norma es la importancia de contar con más participación ciudadana: «el anteproyecto de ley debería incorporar unos mecanismos claros y concretos de la participación ciudadana». Para ello proponen que se creen foros y una mesa de diálogo social. Además, apuestan por incluir en estos a expertos para que dispongan de una información de calidad.

Los sindicatos UGT y CC OO presentaron un voto particular en el que instan a la Generalitat a «políticas mucho más ambiciosas de adaptación y mitigación frente al cambio climático para dar, entre otros, cumplimiento a los compromisos climáticos». También apuestan por que el Consell se comprometa a «avanzar de forma significativa» en la reducción de los riesgos generado por el clima en todo el litoral del mar. Y, en este sentido, advierten de los cambios del nivel del mar, el aumento de su temperatura y su efecto en la climatología.

El proyecto de una ley de Costas valenciana ha generado inquietud entre el Ejecutivo central y más porque la Generalitat ofrece a los municipios una salvaguarda frente a los deslindes que está potenciando el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De hecho, en este momento desde el Ministerio para la Transición Ecológica se está contestando a las alegaciones interpuestas por los afectados de esta política en el poblado tradicional de Torre la Sal en Cabanes.

La respuesta del Ministerio está siendo en todos los casos negativa. No está aceptando las peticiones de los vecinos que están reclamando mantener sus propiedades frente a la política del Estado. Como este poblado hay innumerables casos en la Comunitat. Solo en Dénia hay más de mil afectados por esta política.

La ley de Costas promovida por el Consell crea la figura de núcleo de valor etnológico por la que se entiende que son «aquellos conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales o bien integrados en actividades económicas tradicionales, que cumplan las dos siguientes características: a) Que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados, incluyendo los propios del patrimonio cultural inmaterial. b) Que estén integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión supusiera una pérdida de los valores propios del patrimonio cultural, histórico o etnológico». La intención de la Generalitat es que estos enclaves puedan esquivar los deslindes.

En estos casos, se podrá redactar un plan especial que recogerá aspectos como su resilencia frente al cambio climático, la limitación o prohibición de nuevas construcciones y las inversiones públicas.

Uno de los aspectos más novedosos de la nueva ley es que recoge que tras su entrada en vigor todas las concesiones serán de competencia autonómica. De esta forma, será la propia Generalitat y no el Estado como viene siendo hasta ahora, quien dé autorización a chiringuitos, instalaciones deportivas en la costa, concesiones de viviendas y hoteles, entre otras posibilidades.