La Comunitat afronta la primera gran huelga educativa en una década

Para encontrar una huelga similar, por el ámbito geográfico, los destinatarios y la pluralidad de convocantes, hay que remontarse hasta mayo de 2012. También gobernaba el PP en la Comunitat -María José Catalá había aterrizado en el cargo a principios de año-, aunque el contexto era bien distinto, con una elevada crispación en el sector público ante los recortes derivados de la anterior crisis económico-financiera. Y aunque es cierto que han habido convocatorias más recientes en el tiempo, incluso gobernando el Botánico, se justificaban en cuestiones más específicas, lo que influyó, y mucho, en su seguimiento.

Más allá de la convocatoria formal ante la administración (de los sindicatos STEPV, CC.OO. PV, UGT PV y COS), la huelga ha sido impulsada por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, que incluye también a asociaciones de familias (las federaciones mayoritarias de las tres provincias), de estudiantes, de directores e incluso de inspectores. Entre los motivos está el rechazo a las nuevas leyes del PP y Vox (de libertad educativa, por arrinconar el valenciano, y de concordia), a las medidas de planificación anunciadas por la conselleria (recortes de grupos en Escuelas de Idiomas y de aulas en Infantil y Primaria), a la reducción del presupuesto de Edificant y para reclamar mejoras laborales y retributivas para el profesorado, como la eliminación de la burocracia superflua, la bajada de las ratios y la dotación de recursos para favorecer la inclusión del alumnado y la convivencia escolar.

Por su parte, Educación defiende que la ley que regulará el modelo lingüístico se basará en las preferencias de las familias y buscará incentivar el valenciano «sin imposiciones», que los ajustes en las EOI afectarán a grupos con escasa demanda tras sobrar este curso el 39% de las plazas ofertadas, que el arreglo escolar de los colegios se justifica en la bajada de la natalidad y que el recorte presupuestario de Edificant en 2024 (del 40%) se debe a que durante los años del Botánico sólo se ejecutaba un 23% de la inversión prevista.

Las últimas huelgas educativas exclusivas de la Comunitat llegaron en diciembre de 2020, por la convocatoria de oposiciones docentes en plena pandemia, en abril de 2018, que implicó sólo al personal interino para reclamar una vía de estabilización, y en septiembre de 2017, por cambios organizativos en las Escuelas de Idiomas. Todas fueron impulsadas por el sindicato mayoritario, el STEPV. A solas o junto a una coordinadora afín. Además, anuló otra prevista en mayo de 2018 para reclamar mejoras laborales después de arrancar una serie de compromisos de negociación a Educación.

Si se sigue retrocediendo en la línea temporal, en marzo de 2017 se celebró una huelga general educativa que sí contó con el apoyo de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, aunque fue de ámbito estatal. Se exigía la derogación de la Lomce del PP (entonces era ministro Íñigo Méndez de Vigo), un pacto educativo y la reversión de los recortes derivados del decreto Wert, como la subida de ratios máximas de alumnos por aula o de tasas universitarias, todavía vigentes. En 2013 se celebraron otras dos, que fueron similares (en mayo y en octubre), con especial incidencia en los ajustes citados (era el primer curso de aplicación) y para frenar la anunciada reforma educativa de la Lomce, que entraría en vigor en noviembre de ese año. En estos tres casos, además de ser una convocatoria estatal, implicaba también a las universidades y a los colegios privados y concertados.

Para encontrar una convocatoria equiparable a la huelga de este jueves hay que remontarse al 16 de mayo de 2012, hace doce años, cuando los cinco sindicatos con capacidad negociadora ante la conselleria (STEPV, CC.OO. PV, UGT PV, ANPE CV y CSIF-CV) iniciaron un calendario de paros intermitentes (hasta seis) en rechazo a los recortes aplicados para contener el gasto público: no reconocimiento de sexenios, anulación de las mensualidades de verano para los interinos y los ya referidos ajustes que se iban a aplicar por la entrada en vigor del decreto Wert. Existía una elevada crispación en el sector educativo valenciano, abonada también por los impagos de los gastos de funcionamiento a los centros.

Como en esta ocasión, entonces hubo pluralidad de convocantes (de hecho, no ha vuelto a existir semejante unidad sindical y también se contó con el apoyo de alguna federación de Ampas), la convocatoria se ciñó al ámbito autonómico y afectó sólo a la enseñanza no universitaria de la Comunitat. Al final sólo se llevaron a la práctica dos de las seis jornadas anunciadas (16 y 17 de mayo de 2012).

El pasado lunes se produjo una reunión entre el conseller José Antonio Rovira y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, con representantes de la plataforma impulsora. Estos pidieron la retirada de las medidas cuestionadas y la apertura de un proceso de negociación, mientras que desde la administración se defendió la propuesta de ley de libertad educativa y que el Consell está desarrollando su programa electoral. No hacerlo implicaría, en la práctica, mantener las políticas del Botánico.

Al día siguiente el conseller hizo unas declaraciones cuestionando el momento de la convocatoria, justo en la víspera del inicio de la campaña de las elecciones europeas, y tildó la huelga de «política». Y este miércoles los partidos de la oposición han mostrado su apoyo a la convocatoria. Abonando el terreno a esta idea o evidenciando el abismo que existe entre el modelo educativo entre la izquierda y la derecha.

Según recoge Europa Press, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha defendido la necesidad de la huelga porque ve a la educación pública «amenazada», y ha dicho que el conseller es un «bombero pirómano, una persona que no asume ningún tipo de crítica y solo conoce la confrontación como argumento político en lugar de intentar conciliar posturas».

Joan Baldoví, de Compromís, se ha referido a Rovira como «el peor conseller de Educación de toda la historia democrática de este país», tras sus declaraciones «sospechando de una manera absolutamente estrepitosa» de la convocatoria.

Entre los grupos que sustentan al Consell, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha afirmado que su partido «respeta el derecho a la huelga y de manifestación incluso aunque se haya elegido el día de inicio de la única campaña electoral que va a haber en los próximos tres años y en época de exámenes». También ha mostrado «orgullo» por haber atendido el programa electoral. «Nosotros cumplimos con nuestra obligación. Si ganamos las elecciones, si los valencianos confían en el presidente Mazón y el presidente Mazón aplica el programa electoral de Compromís y del PSOE, estarían ellos contentos y tristes los valencianos. Y nosotros servimos solo a los valencianos», ha argumentado.

Por su parte, José María Llanos, de Vox, ha coincidido con Rovira en que «es evidente que es una huelga política» porque «solamente responde a los intereses que supuestamente pueden favorecer a la izquierda que ha estado gobernando hasta hace cuatro días». «Son ellos los que les han sacado a la calle porque no parece que sea la voluntad de los padres, pues muchos estarán en desacuerdo con esta huelga artificial y prefabricada», ha recalcado.