La Guardia Civil denuncia un centenar de pozos ilegales en la Comunitat

La situación de clandestinidad y descontrol de muchos de los pozos que hay en la Comunitat queda patente con las últimas cifras que maneja el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona. Según estos datos, que aporta Greenpeace a consultas de LAS PROVINCIAS, entre 2013 y 2017 la Benemérita realizó 186 denuncias sólo en las áreas de las demarcaciones del Júcar y el Segura, que son las que se integran en tierras valencianas. De acuerdo con estas cifras, 110 de las denuncias corresponden a extracción ilegal de agua y 76 a los pozos ilegales detectados por los agentes.

La organización ecologista coincide con la opinión de expertos que el lunes denunciaron a este diario la existencia de un gran número de perforaciones fuera del control administrativo realizadas a lo largo de los años por particulares en fincas con la intención de extraer agua. Estos orificios, al ser ilegales, escapan a cualquier registro y no cuentan con las medidas de seguridad necesarias en caso de abandono. A veces se tapan con pedruscos o con tablas, sin más, y otras se dejan al descubierto, provocando accidentes y complicados rescates como el del niño Julen en Málaga.

Greenpeace denuncia la «impunidad del robo del agua en España». y cree que existe un «desgobierno sobre el gravísimo problema de los pozos ilegales en España». Según una portavoz de la organización, «hay una absoluta falta de información pública precisa y real» en medio de una «inacción de las administraciones públicas.

De acuerdo con la entidad, «los únicos datos oficiales se remontan a 2006, cuando se contabilizaban 510.000 pozos ilegales que extraían más de 3.570 hectómetros cúbicos al año, el consumo equivalente a una población de 58 millones de personas». Sin embargo, en 2017, «el Ministerio de Medio Ambiente, reconoció, de forma no oficial, que la cifra ascendía a más de un millón de pozos ilegales, que podrían estar extrayendo al menos 7.000 hectómetros cúbicos al año».

Para Greenpeace, la extracción ilegal de agua es, además de un riesgo cuando el pozo se abandona, «un delito tipificado en el Código Penal con multas e incluso penas de prisión». Además creen que pone en riesgo el abastecimiento humano, y la supervivencia de todos los ecosistemas peninsulares.

En cuanto a las detecciones del Seprona, hay un dato que llama poderosamente la atención: de los 76 pozos clandestinos localizados en esa media década en las zonas del Júcar y el Segura, sólo cuatro, menos de un 7% aparecen como clausurados en las estadísticas.

Y esto podría ser sólo parte de la clandestinidad en los pozos, pues no sólo la Guardia Civil reporta a las confederaciones la localización de fosas que escapan a los requisitos legales. En la labor de detección también participa la guardería fluvial de los organismos gestores de las cuencas.

Este diario consultó el martes al respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), pero no pudo aportar cifras. Lo que sí dejó clara la entidad es que lo que discurre por el subsuelo «también es de todos» y la Ley de Aguas estatal «marca claramente que para hacer un pozo se necesita una autorización de la confederación, incluso en terrenos particulares». Es de este modo como se configura el registro de aguas subterráneas que permite conocer la existencia de esos orificios para poder medir y regular la cantidad de agua que se saca del subsuelo o las medidas de seguridad a las que está obligado el responsable.

La CHJ advierte que actuará contra esas estaciones de extracción de aguas que se ejecutan sin los permisos oportunos y que son las que, mayoritariamente, ponen en jaque la seguridad. Ante las localizaciones de pozos clandestinos en nuestra región, «la confederación abre expedientes sancionadores que son de mayor gravedad cuando se ha extraído mucha agua sin conocimiento de la CHJ».