La Comunitat suma 36 crímenes sin resolver en los últimos siete años

«Pasar página cuando alguien ha matado a tu madre es muy difícil. Aún más si ni siquiera sabes el nombre de quién lo ha hecho y piensas que esa persona, posiblemente, esté en la calle llevando una vida normal, sin pagar por haber quitado la vida». El sentir de Carmen Seminario resume el de las decenas de familias que cada año pierden a alguien en la Comunitat por el más terrible e irreparable delito: el homicidio.

¿Cuántos expedientes de asesinatos reposan en estanterías de los grupos de Homicidios todavía sin culpables detenidos? ¿Cuántos casos acaban prescribiendo al transcurrir el tiempo legal sin avances? ¿De qué año data el crimen más antiguo investigado en la región? Ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil aportan cifras. Ni en Valencia, ni en Castellón, ni en Alicantes, a cuyos seis departamentos provinciales consultó LAS PROVINCIAS.

Con las cuestiones estadísticas, se pasa la patata caliente a Interior. Pero el departamento gubernamental sólo maneja datos de crímenes consumados y esclarecidos entre 2010 y 2016, con lo que conocer la verdad con exactitud es tarea imposible. Al menos en ese tiempo, y según las cifras ministeriales, son exactamente 36 los homicidios consumados que todavía no aparecen como esclarecidos en nuestra región.

Son los casos estancados. Aproximadamente, uno de cada diez. Los que acaban por confirmar que el crimen perfecto existe. A pesar de la pericia y altísimo nivel de resolución de los especialistas en homicidios, hay escollos insalvables: una huella en la escena sin sospechoso con quien cotejarla, crímenes en el que la víctima ni siquiera ha podido ser identificada o huidas al extranjero por parte de los autores en las que sólo cabe esperar que prosperen las órdenes judiciales de busca y captura.

En otras ocasiones, explican agentes consultados, «ir demasiado deprisa puede ser contraproducente». Son los casos en los que los policías o guardias tienen muy claro quién es el posible homicida. Bien por testimonios del entorno de la víctima o por incongruencias, titubeos, actitudes o contradicciones del sospechoso. Pero no basta. Ante el juez, la sola sospecha no vale. Hacen falta pruebas científicas y consistentes, de ahí que a veces transcurran semanas, meses e incluso años mientras los especialistas policiales esperan o incluso fuerzan esos errores y precipitaciones decisivas. Ese 'dejar que se confíe' ha sido clave en casos recientes como el de la viuda negra de Patraix.

Tuvieron que pasar casi seis meses para que la Policía Nacional arrestara a Maje M. C. y a su amante Salva R. L. por la muerte del marido de ella, ingeniero civil cosido a puñaladas en el garaje de su casa. La mujer como presunta instigadora y él como autor material. Los investigadores fijaron sus sospechas sobre ambos prácticamente en los días posteriores al crimen, pero fueron necesarias escuchas y otras intervenciones policiales para incriminarlos. Hoy duermen en prisión.

Nueve meses de investigación han sido necesarios para echar los grilletes con garantías a Alejandra G. P, la vecina de Elda detenida por la muerte de un niño de 8 años hijo de acogida de su novio. El homicidio estaba pendiente de ser resuelto desde el 30 de agosto del pasado año.

Pero hay familias condenadas a vivir sin la justicia que ansían. Uno de los casos más dolorosos es el de María Luisa Reig. Hace una semana se cumplió el séptimo aniversario de su asesinato en Albalat dels Tarongers. De ella, sólo se halló un fragmento del omóplato y parte del cráneo. Muerta, descuartizada y con restos quemados. La Guardia Civil arrestó a un exnovio de la víctima y a su hijo como sospechosos. Pisaron la prisión, pero la jueza del caso los dejó libres al entender que no había pruebas suficientes contra ellos. Hoy el caso está archivado pese a los reiterados intentos de la familia por reabrir la causa.

«Nos dijeron que las pruebas eran circunstanciales. No es digno dejar esta crueldad sin culpables», lamentó Yolanda Menargues, hija de María Luisa. La misma indignación siente Aurora Reig, hermana de la víctima: «No es justo. Unos asesinos se han ido de rositas y de mi hermana sólo tenemos dos huesos». Como cada año,hace una semana se reunieron en el chalé donde ocurrió el crimen para poner velas, recordarla y honrarla. Así reza la pancarta que han instalado: «Siete años de tu asesinato y no hemos perdido la esperanza de que algún día nos llamen para decirnos que han encontrado tus restos. Ese será el día más feliz de nuestras vidas».

«Muerte violenta» y con causa «probablemente homicida». El informe definitivo de la autopsia desveló que Rosalina Solorzano, una peruana de 70 años vecina de Valencia, fue víctima de un asesinato. Desapareció en septiembre de 2014 de su casa de la capital. Un mes después, su cadáver en descomposición fue descubierto en un solar de Paiporta. El análisis forense reveló, al cabo de un año, vértebras fracturadas, signos de asfixia y evidencias de traslado del cuerpo hasta el lugar donde fue descubierto.

Han pasado casi cuatro años y la Guardia Civil, encargada del caso, no ha practicado detenciones. «El asesino de mi madre sigue suelto y los agentes nos dicen que está todo paralizado. Necesitamos justicia y un criminal no debería estar suelto. Podría hacer lo mismo a cualquiera. Pedimos un mayor esfuerzo», lamenta Carmen, una de las hijas de Rosalina. Judicialmente, el homicidio no está archivado. A consultas de este diario la Benemérita responde de manera sucinta: «No hay novedad». La víctima vivía sola y alquilaba habitaciones en su casa de Valencia. «Sospechamos que quizá uno de esos inquilinos, hoy huido, pudo ser el asesino».