La concertada aplaude el blindaje del castellano y el distrito único pero critica la falta de fondos

Por un lado, se aplauden los cambios relacionados con el peso de las lenguas en la enseñanza (de momento se limitarán a los municipios castellanoparlantes y sus centros podrán dar más clases en español) y los que afectarán al proceso de admisión de alumnos, pues para el próximo curso ya se aplicará el distrito único, sin penalizaciones en el criterio de proximidad entre la vivienda y el centro elegido. También se valoran positivamente las medidas para favorecer la igualdad de trato respecto a la pública. El mejor ejemplo es la financiación de la contratación de auxiliares de inglés.

Por el otro, se alerta de que la congelación del módulo del concierto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento y mantenimiento provocará problemas en los centros que disponen de menos recursos. Cabe recordar que en el proyecto de presupuestos de 2024 se mantiene igual que el de 2009, la última vez que se incrementó.

«Saludamos la recuperación del clima de libertades educativas en la Comunitat Valenciana. La libre elección de los padres está por encima de cualquier imposición y de cualquier ideología. Así lo hemos defendido y así lo seguiremos haciendo porque es una de las razones por las que creamos la Mesa», ha defendido Vicente Morro, el portavoz de la entidad.

A través de un comunicado se recuerda que el próximo diciembre se cumplirán ocho de su constitución, que llegó tras las primeras declaraciones de intenciones del Botánico en relación al tratamiento de la enseñanza concertada. «Es bueno que exista voluntad de igualar las dos redes, porque ambas conforman el sistema educativo sostenido con fondos públicos, aunque la concertada lo sea sólo parcialmente. Una no es más que la otra. Son complementarias como han reconocido los tribunales y el Síndic de Greuges frente a la voluntad de imponer la subsidiaridad por parte de los gobiernos del Botánico», se señala.

«Pero ambas deben disponer de las mismas herramientas y medios para desempeñar la labor educativa en el mismo escenario. Nuestra aspiración es conseguir una situación de igualdad, incluyendo el ámbito económico», ha proseguido Morro, que vincula esta declaración de intenciones con la falta de actualización del módulo denominado Otros Gastos, lo que genera incertidumbre teniendo en cuenta que «los centros se enfrentan a una subida de los costes y requieren de una mayor aportación por parte de la administración». «Es una demanda real, también a nivel nacional, que necesita ser cubierta, pues en algunos centros con menos recursos la situación es preocupante. Confiamos en que esa demanda sea satisfecha en breve», ha señalado.

Por contra, la Mesa valora «muy positivamente» el anuncio de la modificación de diversos aspectos de la normativa de admisión de alumnos, incluyendo la recuperación del distrito único, que aumenta la capacidad y libertad de elección de las familias». Sí se pide, en esta línea, que también se avance en la igualdad en términos de promoción entre el 1º ciclo de Infantil (de cero a tres años) y el 2º (el de acceso habitual al colegio), en el sentido de que mientras que en la pública las familias matriculadas en aulas de dos años tienen plaza reservada en el siguiente nivel, en la concertada es necesario pasar por el proceso de admisión, lo que a juicio de la entidad supone una «clara discriminación».

La entidad también se muestra satisfecha «por los anuncios realizados en relación con la posibilidad de elección de lengua vehicular por los padres, como primeros responsables de la educación de sus hijos». Para las zonas castellanohablantes los cambios se aprobarán en enero con la ley de acompañamiento a los presupuestos, aunque su entrada en vigor se retrasa al próximo curso para no modificar las reglas del juego con el ejercicio ya iniciado. Para el resto, habrá que esperar a la nueva ley que sustituirá a la heredada del Botánico, que priorizó claramente el valenciano como lengua mayoritaria en las aulas.

Por otro lado, la Mesa se ha pronunciado sobre la continuidad de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación. «No es problema de personas sino de leyes, y tendemos la mano para iniciar un camino de colaboración con el fin de mejorar urgentemente la calidad educativa de nuestro sistema, para lo que se necesita una educación en libertad sin ideología ni sectarismos», ha concluido el portavoz.

La Mesa por la Educación en Libertad está formada por Escuelas Católicas y la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (las dos patronales valencianas), la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), la Confederación de Padres de Alumnos Cofapa, por los sindicatos USO CV y Apprece (sectorial de los docentes de Religión), por las universidades CEU Cardenal Herrera y San Vicente Mártir y por el Partido Popular.