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J. BATISTA
Lunes, 18 de marzo 2019, 00:37
Los representantes de las familias de la concertada mantendrán en los próximos cuatro años una presencia minoritaria en el Consejo Escolar Municipal de Valencia, el órgano de participación de la comunidad educativa, después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara a finales de enero la nueva composición y pese a las reiteradas peticiones de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Valencia (Fcapa) para modificar la distribución de los miembros, que no han sido tenidas en cuenta.
En la actualidad más de la mitad del alumnado de la capital se forma en la red. Sin embargo, en el consejo, de diez representantes de los padres siete serán de Fampa València, de la educación pública, y tres de Fcapa, representativa de la enseñanza sostenida vía conciertos. La distribución de antes de la renovación, cuando se repartían ocho consejeros, era similar: seis y dos para cada uno de los sectores.
Tal y como explican fuentes de la organización de padres, «se ha constatado que no ha habido voluntad política de ajustar la representación a la realidad social y demográfica para que fuera más justa y democrática». La postura de Fcapa es que los consejeros que representan a las familias deberían repartirse al 50%, una petición que empezó a plantearse en octubre de 2015, en una reunión con la presidenta y concejala de Educación, María Oliver, y que se ha reiterado en numerosos escritos presentados ante el organismo para que fuera incluido este debate en el orden del día de las sesiones. También se ha trasladado al alcalde Joan Ribó, quedando la mayoría de peticiones sin respuesta. Además, la polémica se plasmó en una queja presentada al Síndic de Greuges, que emitió dos recomendaciones instando al consejo a que se debatiera la propuesta y se pudiera votar. Este último extremo no ha llegado a producirse.
A finales de 2018, tras la enésima reclamación de Fcapa, se recibió una contestación oficial en la que se justificaba la negativa a propiciar el cambio en que el reglamento de régimen interno del consejo establecía que la representatividad estaría determinada «por las organizaciones y asociaciones de padres constituidas e inscritas a efectos censales», y que dicho criterio, «como el interesado reconoce en su propio escrito, no contradice la normativa vigente» y es el que «viene aplicándose consuetudinariamente».
Fcapa no niega este extremo, sino que plantea un cambio para adaptarse a la situación real: «No hay ningún artículo concreto que fije la forma de determinar esa representatividad. Podría ser como hasta ahora, por el número de asociaciones federadas -Fampa València tiene 116 y Fcapa 51-, igual que podría ser por el número de alumnos o por el de familias». En este sentido, el matiz es importante, pues en un centro concertado funciona una asociación para todos los niveles (y por tanto aglutina a más alumnos y familias) mientras que en la red pública hay, por lo menos, una en los Ceips y otra en los institutos. En otras palabras, el criterio es muy favorable a la enseñanza pública aunque de media cada Ampa atienda a menos padres.
La nueva distribución de los consejeros se aprobó en el pleno celebrado el 31 de enero, y también generó debate político, con el PP defendiendo la postura de Fcapa y con Oliver haciendo lo propio con la distribución en función de las Ampas federadas y alegando que la organización no es representante de la concertada, pese a que es la más extendida en esta red educativa.
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