La concertada pondrá nuevas demandas si se ataca la libertad educativa

Días después de la toma de posesión de Vicent Marzà, en julio de 2015, se celebró la primera reunión con los representantes de la concertada dentro de una ronda de contactos con la comunidad educativa. El resultado fue positivo. Gustó a los dirigentes de las patronales porque se prometió diálogo para la mejora del sistema. Meses después ese puente se agrietó con una célebre frase -«se ha acabado la barra libre de conciertos», dijo el conseller-, se resquebrajó con los primeros recortes de aulas y tras la reacción de los centros a las supresiones de Bachillerato y se desplomó tras la consolidación de medidas que han dejado de lado al sector privado y al sostenido con fondos públicos, como la gratuidad selectiva en Infantil o la dotación de auxiliares de inglés sólo para la pública.

La prueba más clara de la falta de entendimiento ha sido la judicialización de diferentes iniciativas del Consell en materia educativa, conflicto en el que la concertada ha sido protagonista. Y aunque ayer sus principales representantes mostraron una cara amable, también se deslizó que seguirán recurriendo a los tribunales aquellas medidas que consideren que no respetan la libertad de enseñanza.

Todo surgió durante la presentación de los resultados de la campaña '#Yoelijo', presidida por el cardenal Cañizares, quien les invitó a «hacer todo lo posible para que se cumpla lo que dice la Constitución» en referencia al artículo 27, que reconoce la libertad de enseñanza e insta a garantizar la elección de una formación moral y religiosa acorde a las convicciones de los padres.

El comunicado difundido a los medios, recogiendo el sentir del sector, fue más elocuente, pues pedía «a la Generalitat que respete la Constitución y este derecho fundamental sin que se tenga que ir constantemente a los tribunales para defenderlo, como en la pasada legislatura». De forma indirecta se avisaba al Botánico: seguir el mismo rumbo provocará la misma reacción.

La campaña en defensa de la concertada, que ha reunido más de 30.000 firmas, fue impulsada inicialmente por el Arzobispado de Valencia, las patronales Escuelas Católicas y Feceval, las organizaciones de Apas Fcapa y Concapa y las universidades CEU Cardenal Herrera y Católica de Valencia -que también han librado varias 'batallas' en el TSJCV-. Además de entidades civiles, se sumaron sindicatos representativos como Fsie, USO o Apprece.

El portavoz, Vicente Morro, valoró positivamente la campaña, señaló que «hay gente que no entiende que se trata de defender derechos fundamentales» y recordó que han tenido que ir al TSJCV para poder hacerlo. A su juicio hace falta un pacto educativo «centrado en la libertad», y añadió que no es una cuestión de «caprichos o privilegios».

Por su parte, el director gerente de Feceval, Mariano Vivancos, indicó que «si los poderes públicos no defienden los derechos fundamentales los ciudadanos debemos recordárselos», aunque señaló que la judicial no debe ser la única vía, sino la última. «La formación de un nuevo gobierno de la Generalitat es una oportunidad para evitar errores del pasado y definir aciertos», añadió, antes de defender un sistema educativo «plural y diverso» y de recoger la oferta de diálogo lanzada hace unos días por Puig. «Van a hacer falta buenas dosis de diálogo en la educación», sentenció.

La secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, recordó que sus padres pudieron elegir su formación en plena dictadura y dijo que sus centros «educan para que el alumno sepa elegir bien, y para ello se necesitan diferentes opciones, no sólo una». También señaló que «quizá» la concertada pueda verse reducida «a la mínima expresión» y reivindicó la atención a la diversidad de sus colegios.

Cañizares, por su parte, dijo «que no se puede bajar la guardia», reivindicó el respeto de todas las enseñanzas religiosas reconocidas y dio un toque de atención a los colegios católicos: «Deben responder a un ideario y no engañar a la gente, diferenciándose del de enfrente». Fue una manera de pedirles que su prestigio se derive de su carácter propio, no únicamente por una cuestión de titularidad. En el mismo sentido, pidió que la asignatura confesional «sea educativa, con sentido moral y religioso, y no una mera acumulación de datos».