La concertada también reclama mejoras en sus plantillas tras casi dos décadas sin cambios

El jueves pasado representantes del sindicato de profesores mayoritario en la red, FSIE CV, se reunieron con el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, para trasladarle una serie de reivindicaciones. Entre ellas la mejora de las plantillas, teniendo en cuenta que la asignación de profesionales, en función de las etapas, tamaño y características de los centros, se ha mantenido prácticamente invariable desde 1996. También se le pidió un cambio en la orden de pago delegado, la que regula los procedimientos para el abono de las nóminas de los docentes (que corren a cargo de la administración), pues desde 2019, cuando entró en vigor, la judicialización por cuestiones laborales ha crecido exponencialmente.

«Todas las etapas tienen su urgencia, pues salvo la asignación de orientadores y especialistas de Audición y Lenguaje, así como de algunas especialidades para centros de Especial, básicamente se mantienen las mismas que en 1996», explica Vicente Cabanes, secretario autonómico del sindicato, en relación a las plantillas. «Pero sí tenemos que elegir las prioritarias, son las de Educación Especial y FP», añade.

Sobre los estudios profesionales, recuerda que no existen plantillas de referencia y que lo único que se valora «son las horas de pizarra». Es decir, no computan las de coordinación, dedicación a cargos o para tutorías. En cuanto a los centros específicos para alumnos con discapacidades importantes, es necesario que previamente se acometa un estudio para determinar cuántos profesionales no docentes, como enfermeros o fisioterapuetas, se asignan en función del volumen de alumnado a atender.

Otra cuenta pendiente tiene que ver con la etapa de Infantil. Pese a que el anterior gobierno del PP firmó unas plantillas que mejoraban la asignación de maestros de refuerzo, apenas se empezó a aplicar. De hecho, sólo se dota de uno a centros con una, dos o tres líneas, cuando el acuerdo planteaba dos y tres profesionales de este tipo para los últimos casos citados. Por ello, a través de un comunicado, la organización considera «fundamental negociar y actualizar el número de docentes de los centros concertados», antes de poner el acento en que cuentan con menos plazas de profesores asignadas que las escuelas públicas, «lo que supone una importante desigualdad en el derecho a la educación de calidad».

El otro asunto destacado durante la reunión fue el incremento de la judicialización, en el ámbito laboral, tras la aplicación de la orden de pago delegado, aprobada por el Botánico en 2019. «Sólo en la provincia de Valencia hemos pasado de tener unas treinta demanda al año a 450», explica Cabanes, antes de destacar que si antes se centraban en reclamaciones de la paga de antigüedad tras 25 años de servicio -en 2008 se dejó de reconocer de oficio-, ahora el abanico de casuísticas se ha abierto, y mucho. Por ejemplo, hay reclamaciones por no reconocerse la acumulación del permiso de lactancia con una excedencia, por retrasos en el abono del componente retributivo de los trienios (se pagan cuando lo valida la administración, no cuando empieza a generarse el derecho) o por demoras en las altas de los contratos que empiezan en septiembre. Así, si el centro en cuestión no ha facilitado toda la documentación (o la conselleria considera que falta información), la nómina se retrasa varios meses y no se transfiere con retroactividad. Cabanes explica que en FSIE CV han tenido casos de hasta cinco mensualidades de demora por este desfase de la administración.

«Lo que hemos trasladado a Educación es que la orden está diseñada desde el punto de vista de la función pública, cuando a nosotros se nos aplica la regulación laboral», sintetiza, antes de poner el foco en que casi todas las reclamaciones judiciales acaban siendo favorables al trabajador, obligando a la administración a pagar los intereses de demora (un 10% anual).

Aunque la reunión fue una primera toma de contacto, desde la organización detectaron «buena sintonía». Idea que reafirman fuentes de la conselleria, si bien advierten de que aunque se está trabajando en la modificación de algunos aspectos de la orden de pago delegado, no se podrá disponer de una nueva regulación a corto plazo.

La necesidad de reducir las ratios máximas de alumnos por aula ante el actual escenario de desplome de la natalidad, «revitalizar» la actividad de la comisión de seguimiento, que es el órgano de negociación de la enseñanza concertada, y «configurar una mesa sindical acorde a los resultados de las últimas elecciones» entre los trabajadores fueron otras de las peticiones trasladadas desde FSIE CV.