La concertada recurre diez artículos del Bono Infantil

FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana, ha pedido la nulidad de una decena de artículos de la orden del Bono Infantil por vulneración de los derechos fundamentales de Igualdad y de los principios de Equidad en la Educación y de Compensación de las desigualdades.

FSIE considera que parte de la redacción del Bono Infantil «somete a una doble discriminación a los alumnos de los centros de educación infantil de iniciativa social, ya que no pueden optar a plazas de financiación íntegra y los alumnos de las escuelas infantiles municipales no se someten al criterio de renta con lo que hay muchas familias con suficientes recursos que reciben la ayuda y familias desfavorecidas que se quedan fuera». «Estamos ante un uso partidista de los recursos públicos que ataca la libertad educativa, algo impensable en una democracia», han señalado al tiempo que ha añadido que el gran problema es que «se está perjudicando a las personas que tienen menos capacidad adquisitiva y más problemas para llegar a final de mes por criterios políticos».

Por ello, el sindicato pide la nulidad de los artículos 5.7, 19.2 y del Capítulo III (artículos 27 a 33) de la Orden 19/2018, de 16 de mayo, por vulneración de los derechos fundamentales de Igualdad (art. 14 CE) y de Educación (art. 27.1 CE), así como del artículo 15.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y de los principios de Equidad en la Educación (artículo 71.1 LOE) y de Compensación de las desigualdades (artículo 81.1 LOE).

FSIE presentó un recurso contencioso-administrativo contra la Orden de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 a 3 años y la Resolución que regula esta convocatoria.

Así, el sindicato recoge en su demanda que la orden discrimina a los centros de educación infantil de iniciativa social que llevan décadas prestando sus servicios por lo que reclama a la Conselleria que no debe «menospreciar a las familias que eligen estos centros». Por ello, le insta a «hacer un ejercicio de democracia» y «anular el apartado que aprueba la financiación íntegra exclusivamente para las escuelas municipales porque discrimina a los centros de iniciativa social, ya que en las escuelas infantiles públicas, las plazas están totalmente subvencionadas, mientras que en las escuelas de iniciativa social las familias reciben una cantidad en función de la renta».

FSIE ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato contra las bases que regulan el Bono Infantil por «intentar hacer bipartidismo educativo creando diferencias donde antes no las había, eliminando la pluralidad, la diversidad y la libertad». El sindicato ha explicado que esta medida tiene como objetivo salvaguardar 5.000 puestos de trabajo y la libertad de las familias.

FSIE ha denunciado que la orden de Marzà utiliza criterios «diferenciadores» y «sin justificación objetiva» entre los centros de titularidad pública y los centros de titularidad privada intentando «crear una brecha social entre los alumnos y las familias de la escuela pública y los centros de iniciativa social.»

La norma está siendo utilizada como «herramienta de selección» para «vaciar las escuelas infantiles y desactivar la demanda social de las escuelas infantiles de iniciativa social, lo que atenta contra la libertad y la pluralidad que ha caracterizado a la educación valenciana».