La enseñanza concertada moviliza a sus 400 centros para combatir la ley Celaá

La Mesa por la Educación en Libertad, que representa a todos los sectores de la concertada valenciana, ha hecho un llamamiento a los 400 centros que aproximadamente conforman la red para que participen en la protesta convocada el miércoles, consistente en colocar lazos naranjas en las instalaciones como símbolo de rechazo a la Lomloe. Es la primera medida de presión que se impulsa desde la Comunitat dentro de la campaña 'Más plurales, más libres, más iguales', creada a nivel nacional por la plataforma Concertados.

«El día 11 a las 11 horas invitamos a los centros y organizaciones que se quieran sumar a que coloquen este lazo en fachadas y ventanas de las aulas, para que haya una manifestación pública y que la gente pueda reconocer este símbolo, concienciando a alumnos y familias», explicó el portavoz, Vicente Morro.

La entidad reúne, entre otros, a las dos patronales concertadas (Escuelas Católicas y Feceval), a la Federación Católica de Ampas de la provincia de Valencia (Fcapa) y a los sindicatos docentes USO y Apprece. El mayoritario, Fsie, no forma parte pero sí ha mostrado su apoyo a la campaña nacional. «Si los profesores lo consideran, se puede aprovechar por ejemplo una tutoría para hacer un lazo naranja y exponerlo, y luego se puede llevar a casa y esos alumnos explicar por qué lo han hecho», ejemplificó Morro, que insistió en llegar «más allá de la comunidad educativa». «Es un trabajo de concienciación, una acción de visibilidad», dijo.

Otra de las medidas pasa por animar a los partidos políticos a presentar mociones de adhesión, tanto en ayuntamientos como en Les Corts, al manifiesto de 'Más Plurales', una vía que también se explorará con representantes de la sociedad civil. Además, en los últimos días desde muchos centros se han remitido cartas a las familias informándoles de la tramitación de la reforma educativa y de la creación de la campaña, invitándoles a colaborar en las acciones que se propongan.

Para la mesa, la Lomloe es una ley que «no está pensada para mejorar el sistema, sino para ideologizarlo y estatalizarlo». Morro dijo que nace «muerta» por la falta de consenso, que no se centra «en cuestiones pedagógicas y fundamentales», que considera a los concertados subsidiarios de la pública -«cuando el Supremo ha reiterado que se trata de redes complementarias»- y criticó que elimine la demanda social como criterio para cubrir necesidades de escolarización y que apueste por «una planificación estatista», en el sentido de garantizar la existencia de plazas públicas para atender cualquier demanda que exista.

La pérdida de peso de la asignatura de Religión, el refuerzo de la competencia de la administración para distribuir al alumnado entre centros, la inclusión del ayuntamiento en los consejos escolares de los concertados -«la figura del comisario político», en palabras del portavoz-, el veto a la educación diferenciada o el tratamiento de la Especial, en el sentido de evitar la creación de escuelas específicas, fueron otras de las críticas, sin olvidar la pérdida de la condición de vehicular del castellano. «Es una opción pedagógica elegir la lengua materna, estamos a favor de la pluralidad de modelos», defendió.