La concertada valenciana replica a Marzà que la asignatura de Religión está blindada legalmente

Coincidiendo con el aniversario el portavoz Vicente Morro hace balance de estos años y se pronuncia en LAS PROVINCIAS sobre algunos temas de actualidad: recuerda al conseller Marzà que la asignatura de Religión está protegida por el ordenamiento jurídico, en respuesta a sus declaraciones en las que apostaba por sacarla de los colegios, y cuestiona los cambios que se derivan de la Ley Celaá en cuanto a la evaluación y la promoción del alumnado, que se sintetizan en una mayor flexibilidad para pasar de curso y evitar la repetición.

Sobre las palabras del conseller, destaca que «es una opinión particular e ideológica, muy rentable para su público pero que no aporta nada al debate».

«Por encima de sus opiniones está la Constitución, el derecho a recibir la formación religiosa y moral acorde a las propias convicciones, el ordenamiento jurídico, las sentencias, los tratados internacionales o la Declaración Universal de los Derechos Humanos», explica el portavoz.

«Creo que el problema está en que no sabe bien qué es la asignatura. Su opinión es una más, y mientras no cambie el ordenamiento jurídico tiene todo el derecho a estar en los centros», dice.

Los miembros de la Mesa procedentes del ámbito educativo son las patronales de centros concertados Escuelas Católicas y Feceval, la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA) y los sindicatos USO CV y Apprece CV. Posteriormente se unieron las universidades CEU Cardenal Herrera y la Católica de Valencia, y la abandonaron dos entidades fundacionales como la patronal de escuelas infantiles Acade Adeiv y el sindicato FSIE CV.

En cuanto al balance de estos años, Morro lo define como «positivo pero no triunfalista». «Se ha conseguido generar un debate entre la sociedad, que no quedara únicamente en el ámbito de la administración, en el sentido de que se tome conciencia de la importancia que tiene un sistema educativo en libertad», dice.

«Hemos generado unión y compartido sinergias. Al ampliar el debate hemos podido impulsar una movilización social que de otra forma habría sido difícil, como el 'Concierto por los conciertos' o el acto en defensa de las escuelas infantiles de 2016, la manifestación del año siguiente o las movilizaciones contra la Lomloe», destaca el portavoz.

Sobre su entrada en vigor, explica que sigue existiendo «preocupación al afectar a derechos de las familias, de los docentes y de los titulares de centros», antes de recordar que todavía están pendientes dos recursos de inconstitucionalidad. La mesa siempre ha sido muy crítica con postulados como la eliminación del criterio de demanda social en la planificación de la oferta educativa y la preponderancia de las plazas públicas para cubrir cualquier necesidad de escolarización.

Uno de los primeros cambios, que se aplicará este ejercicio, se deriva del real decreto de promoción y titulación, que permite pasar de curso sin límite de suspensos, impulsa la evaluación continua y colegiada o elimina las recuperaciones extraordinarias. «No nos hemos reunido para tratarlo pero creo que hay posiciones comunes, como que puede suponer un frenazo a la llamada cultura del esfuerzo. Se quieren maquillar los datos sobre abandono, pero para ello habría que atacar las causas», sentencia.