Los concertados dicen que la enseñanza en castellano peligra por la ley Celaá

«Esta ley no garantiza que se pueda recibir la educación en castellano». Jesús Muñoz de Priego, abogado y portavoz de la campaña 'Más plurales, más libres, más iguales' que se ha iniciado en contra de la ley educativa del Gobierno, desgranó algunos detalles de las actividades que tendrán lugar durante la tramitación de la ley y que buscan que la misma se paralice y que se impulse «un pacto por la educación y una ley de consenso, cosa que vemos harto improbable. O al menos que esta ley sea lo menos mala posible».

Con respecto al peso que el castellano tendría en comunidades como la valenciana, Muñoz destacó que dependerá del desarrollo que haga cada gobierno autonómico, pero resaltó que «la garantía de que un padre pueda escoger el español como lengua para la educación de su hijo no está en esta ley, lo cual supone un límite a su derecho».

De este modo, señaló que la ley tiene una redacción «ambigua, calculada, en la que se elimina la referencia expresa al derecho, como opción, a recibir la educación en español».

Muñoz agregó que «no es tanto lo que dice como lo que deja de decir y la ambigüedad con la que se expresa podría tener recorridos muy dispares».

También se mostró muy crítico con la nueva asignatura de educación en valores cívicos y éticos «si tenemos en cuenta de que sus promotores son los mismos que impulsaron la asignatura de educación para la ciudadanía». «Impulsan valores que no han sido consensuados por la sociedad ni elegidos por los padres», señaló el letrado, quien acusó al Gobierno de convertirse en un «comisario político» que provoca que, respecto a los derechos de la infancia, «el garante es el Estado frente a las decisiones educativas de los padres»

Asimismo, desde los colectivos que impulsan esta campaña de movilizaciones que arranca esta misma semana lamentaron que se impulse una ley de esta importancia en el contexto actual de pandemia «y sin buscar el diálogo».

Los convocantes matizaron que la campaña, para la que esperan «una incidencia masiva», no sólo va dirigida a quien defienda la enseñanza concertada, «sino a todos aquellos que defienden la libertad a la hora de elegir centro, sea del tipo que sea.

También señaló Muñoz que se da la paradoja que esta ley, «dificulta la igualdad de oportunidades viniendo de donde viene» y destacó que «quienes tienen recursos económicos siempre van a poder elegir».

Defendieron «la pacífica y armónica convivencia de las tres redes: pública, privada concertada y privada» y rechazaron que la LOMLOE «permita a las autoridades educativas imponer la distribución del alumnado basada en la planificación arbitraria de la administración por encima de necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias».

Lamentaron «que se vuelva a postergar la enseñanza de la religión: sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo».

Por el momento, el calendario completo de movilizaciones que tendrán lugar en la Comunitat Valenciana se anunciará en próximas fechas. Lo que sí está ya en marcha a nivel nacional es una campaña de recogida de firmas contra la ley, a la que se puede acceder a través de la página web masplurales.es, concentraciones todos los miércoles a las puertas de los centros y movilizaciones virtuales a través de las redes sociales.