Los concertados perderán más alumnado que los públicos con la bajada de las ratios

La bajada de las ratios máximas de alumnos en 1º de Infantil tendrá mayores efectos -en términos cuantitativos- en los colegios concertados de los municipios donde se aplique el próximo curso: 53 según el primer borrador de la Conselleria de Educación. La novedad no es sólo la ampliación del plan, que hasta ahora había alcanzado a menos localidades -33-, sino que se minorará todavía más el límite fijado, pues en 34 será de 20 niños por aula y en los 19 restantes se quedará en 23, que era tope que se había establecido en ejercicios anteriores. Cabe recordar que la norma general permite una ratio de hasta 25 alumnos.

Los datos del Portal de Transparencia de la Generalitat (GVA Oberta) sobre la matriculación de los centros permiten hacer una aproximación a las consecuencias de la medida, y deslizan que serán los concertados los que más sufrirán la limitación.

Para hacer el cálculo se han tomado las cifras de cada uno de los colegios de las 53 localidades, sacando el promedio de alumnos por aula de 1º de Infantil, que es el curso de acceso a la escuela (tres años). Con la hipótesis de que el ejercicio que viene se diera la misma matriculación que la del 2019-2020 (el último incluido en GVA Oberta), el 36,6% de los centros de iniciativa social perderían alumnos, en el sentido de que entonces sumaron más niños en el proceso de admisión correspondiente que los que se permitirán con el nuevo límite. Por ejemplo, un colegio que llegó a 25 con la ratio a implantar sólo podría recibir 20 o 23, por lo que la demanda sobrante se distribuiría entre escuelas del entorno. En los públicos el porcentaje se situaría en el 12,2%.

Como es imposible que se repitan las cifras -además del efecto de la caída de la natalidad, que será más intenso en el 2021-2022- también se puede hacer otra aproximación analizando la ocupación de las aulas en función de la titularidad de los centros, que ayuda a entender hacia dónde se dirige la demanda.

Para ello, se suman los alumnos de cada red en cada municipio y se dividen entre las clases de 1º de Infantil, obteniendo un promedio de niños por aula en cada localidad. En 35 estaban más llenas las de los concertados, frente a las diez donde se impusieron los públicos. En ocho no se puede hacer la comparación al haber sólo un tipo de oferta. Cabe entender que la red preferente entre las familias de determinada localidad se verá más perjudicada (siempre en términos numéricos) por una limitación del máximo de niños por aula.

Las cifras de matriculación del curso 2018-2019 arrojan una tendencia similar, aunque cambia el peso de las redes. El 39,4% de los centros públicos de las 53 localidades perderían alumnos el curso que viene de darse la misma matriculación, porcentaje que en los concertados llegaría al 61,4%.

La diferencia entre los ejercicios analizados es llamativa. Puede influir el efecto de la natalidad, pero también el hecho de que la estadística del 2019-2020 es reciente y puede contener errores que se subsanarán en próximas actualizaciones. De hecho, en algún caso se ofrecen datos de unidades por centro que no concuerdan con la guía oficial de la Conselleria de Educación.

En términos de demanda en el curso 2018-2019 sucedió algo parecido que en el 2019-2020: en 28 de las 53 localidades los concertados presentaron un promedio de alumnos por aula mayor (más demanda), mientras que en 17 se impusieron los públicos.

La bajada de ratios en Infantil, que se consolida año a año en el resto de niveles hasta 6º de Primaria, fue cuestionada por la concertada, que recurrió sin éxito en los tribunales. Se criticaba que contribuía a limitar la libertad de elección o ponía en riesgo la renovación de conciertos de Secundaria al minorar los potenciales alumnos, optando por otras vías para mejorar la calidad educativa como desdobles o más dotación de personal. Educación siempre ha defendido que sólo se aplica en municipios donde la menor natalidad lo permite, facilitando la labor docente al crearse grupos más reducidos.

La conselleria presentará mañana a los sindicatos el nuevo decreto que regula la orientación en los centros, que supone la desaparición de los SPEs (Servicios Psicopedagógicos Escolares), unidades externas de carácter público que prestan apoyo a sus escuelas adscritas en gran cantidad de tareas, como el diseño de planes para alumnos con necesidades especiales.

La propuesta de Educación es dotar de un orientador a cada centro de Infantil y Primaria, donde actualmente no existe esta figura como tal. Y en el caso de los concertados el borrador plantea que aquellos que no tengan etapa de Secundaria (donde sí hay orientadores), puedan contratar a sus propios profesionales a través de los Planes de Actuación para la Mejora (PAM). Hasta ahora se apoyaban en los profesionales de los SPEs.

El cambio de modelo ha levantado gran cantidad de críticas, empezando por los propios servicios afectados. Además, cuentan con el apoyo de la mayoría sindical, de varios colegios profesionales y de la confederación de Ampas Covapa, entre otros.