El concierto de Sanidad con las farmacias acaba ante el juez

valencia. La Conselleria de Sanidad va a tener que hacer frente a un nuevo proceso judicial, puesto que el sindicato CSIF ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra el decreto 188/2018, de 19 de octubre, del Consell, por el regula la concertación de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas de farmacia para su prestación. La central sindical advierte que constituye una «privatización encubierta».

La formación explica que «lo último que se le ha ocurrido a la Administración es la creación de la farmacia comunitaria. Por medio de un convenio con empresas privadas, en este caso oficinas de farmacia, dará un servicio a la población con visitas a domicilio de pacientes crónicos o revisión de botiquines». El sindicato subraya que esto supone «un deterioro de la sanidad pública al quitar competencias a profesionales de Atención Primaria, sobre todo de Enfermería».

CSIF ha trasladado su oposición a Conselleria de Sanidad, ya que «estas tareas deben realizarse desde la propia sanidad pública potenciando la Enfermería de Atención Primaria, mejorando la ratio de profesionales por pacientes y destacando su labor». La central sindical lamenta que la Administración no se haya reunido previamente con las fuerzas sindicales para aplicar una medida que afecta a las condiciones de los empleados públicos, además de suponer «una privatización encubierta» y «vulnerar la libertad del paciente de elegir farmacia».

En esta línea, tanto el Consejo de Enfermería como los sindicatos Satse y Sindicato Médico también han trasladado su oposición a la puesta en marcha de esta nueva iniciativa por parte de la conselleria.