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La futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) que ultima el Gobierno ha desatado el malestar del sector sanitario privado, puesto que otorgará la condición de excepcional a cualquier fórmula de colaboración público-privada sin distinción, ya sean ... conciertos, concesiones, contratos u otras alternativas para la prestación de servicios sanitarios. Ante ello, las clínicas privadas auguran que, con la aprobación definitiva de la normativa, no sólo aumentará la demorar asistencial -los hospitales públicos valencianos derivaron en 2021 más de 28.000 operaciones, y otras tantas pruebas diagnósticas, a los privados para reducir las listas de espera-, sino que esta atención especializada será todavía más cara para las arcas públicas.
En el caso de la Comunitat, según los cálculos que maneja la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), sólo estos conciertos sanitarios llegan a ahorrar a la Generalitat 99,3 millones de euros al año; montante que, en su mayor parte, deberá asumir el Gobierno autonómico en el momento en el que estos acuerdos se reduzcan a su mínima expresión si finalmente la ley se aprueba tal y como está prevista.
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En concreto, ASPE, patronal de la sanidad privada, estima que estas fórmulas de colaboración público-privada suponen un promedio de ahorro del 25% para las arcas públicas (con la estimación más conservadora). Por tanto, la partida de 298 millones de euros que destinó la Generalitat a conciertos sanitarios en 2019 (último ejercicio prepandémico y sobre el que se asientan los cálculos) se elevaría hasta rozar los 400 millones si todas estas actuaciones las asumiera directamente la red pública valenciana.
Al respecto, desde ASPE explican que esto se debe a que el sistema de conciertos opera en condiciones «significativamente más ventajosas» en costes que a precios públicos. Así, los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25% y un 69% menores que en la red pública, destacab desde la patronal; de ahí el ahorro que generan.
Por otra parte, y según la patronal, también suponen un coste inferior para las arcas públicas las concesiones administrativas. En la Comunitat, en el caso del departamento de Torrevieja, el último en ser revertido en la región, esta reducción del coste llegaba al 30% según los informes de la Sindicatura de Comptes, por lo que sólo esta área de salud de gestión indirecta generaba un ahorro a la Administración autonómica de unos 45 millones de euros anuales, como indicaba el propio informe del órgano autonómico. Por tanto, el incremento de costes podría ser incluso mayor cuando se reviertan a la gestión pública los tres departamentos de concesión que aún quedan en la región, como son Dénia, Elx-Crevillent y Manises. ASPE calcula que nueve departamentos de concesión de la Comunitat, Madrid y La Rioja generan un ahorro global de 354 millones.
Más sobre hospitales en la Comunitat
En este punto, la entidad cree que es imprescindible recordar el ejemplo de Alzira (la Ribera fue el primer departamento de gestión indirecta en volver a manos públicas). Subrayan que el fin de esta concesión (que tuvo lugar en 2018) ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros para las arcas públicas y ha llegado a triplicar las listas de espera, según los datos oficiales publicados por la Generalitat.
La vuelta a manos públicas de los departamentos de salud de la Ribera y Torrevieja no ha estado exenta de polémica y enfrentamientos entre los trabajadores y las concesionarias con la Conselleria de Sanidad. De hecho, todavía hoy en ambos departamentos se reproducen conflictos con la cartera autonómica.
En el caso de la Ribera, los profesionales protagonizaron la pasada semana una sentada en el hall del hospital de Alzira por «la paralización unilateral por parte de la conselleria de la negociación de un nuevo convenio colectivo», dado que el último caducó en 2018. Al respecto, fuentes de la plantilla explican que en los últimos dos meses «no se ha celebrado ni una sola reunión de negociación a pesar de que el comité ha solicitado la mediación de la Inspección Provincial de Trabajo. No se ha obtenido respuesta alguna por parte de los responsables de la conselleria». «Esto muestra la falta de interés en solucionar el conflicto que supone tener dos tipos de personal en el departamento de la Ribera (el 50% son estatutarios y el otro 50% laborales subrogados) con diferentes condiciones de trabajo y que, en el caso de los laborales subrogados, son peores en muchos aspectos: jornada de trabajo, retribuciones en las bajas, permisos de conciliación laboral con la vida familiar, plan de igualdad entre hombres y mujeres, determinados conceptos salariales, etc.», detallan.
En Torrevieja, los sanitarios (especialmente desde el Sindicato Médico) vienen denunciando la saturación que sufre el servicio de urgencias del hospital. De hecho, el comité de empresa llegó a solicitar la dimisión de la gerencia y el equipo directivo por la gestión desarrollada tras la reversión. «Jamás hemos visto en las puertas del servicio de atención al paciente las colas que se forman ahora de usuarios descontentos para poner reclamaciones», criticaron.
La aplicación de la ley prevista en la disposición transitoria primera hace una única distinción entre conciertos y concesiones, ya que señala que no se aplicará a los conciertos que se encuentren vigentes a la entrada en vigor de la ley, pero sí a las concesiones administrativas «que tengan por objeto la gestión y administración directa de las estructuras y servicios que integran el Sistema Nacional de Salud».
Por tanto, y tal como advierte el presidente de ASPE, Carlos Rus, «el texto definitivo del proyecto de Ley de Equidad no aclara cómo puede afectar a las concesiones de salud ya en vigor».
Al respecto, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, indicó que la futura ley no serviría para poder adelantar las reversiones de los departamentos (evitó referirse a la derivación de operaciones), pero sí para facilitar los trámites.
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