La condena a Sanidad abre la puerta a indemnizar a más de 3.000 médicos

La sentencia del Juzgado de lo Social número 5 de Alicante, que condena a la Conselleria de Sanidad a suministrar "en cantidad y calidad suficiente" todos los equipos de protección individual (EPI) necesarios a los facultativos sanitarios, abre la puerta, y de par en par, a que unos 3.000 médicos puedan pedir indemnizaciones por haber tenido que hacer frente a la pandemia sin los recursos necesarios.

La resolución, que estima en parte la demanda interpuesta por el Sindicato Médico CESM-CV, establece que la conselleria incumplió la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales tras la declaración de emergencia aprobada por la propia Administración autonómica el 27 de febrero de 2020. Ese incumplimiento, según el fallo, generó "un grave riesgo para la seguridad y salud" de estos facultativos "provocando su exposición directa al contagio" de Covid-19.

La formación sindical, sin embargo, va a recurrir el fallo, puesto que remite a los afectados a la vía contencioso-administrativa para reclamar las indemnizaciones pertinentes. Los servicios jurídicos de CESM-CV, frente a ello, consideran que debe ser el juzgado el que fije las cuantías de las compensaciones económicas que reclaman los facultativos, y que van de 2.500 a 600.000 euros, en función del daño causado a cada uno.

Esta sentencia es la primera de la cascada de denuncias presentadas por el sindicato, por lo que todavía falta la resolución de las demandas presentadas en Benidorm, Elche, Castellón y Valencia, que presumiblemente seguirán la misma línea. En este primer fallo del juzgado alicantino CESM-CV representa a unos 300 demandantes, pero el total de todas las denuncias –se va a interponer otra en Alicante con más afectados– aglutina a entre 2.500 y 3.000 facultativos. La formación espera que las próximas sentencias ya incluyan las cuantías de las indemnizaciones y descarta, por el momento, acudir a la vía contencioso-administrativa.

Asimismo, los servicios jurídicos de la formación presentaron ayer ante el Tribunal Superior de Justicia el fallo del juzgado de lo social para que sea incluida en otro proceso –éste por la vía penal y también impulsado por la formación– que debe dilucidar quiénes son los responsables del presunto delito cometido por la Administración autonómica al no dotar de suficiente material de protección a los sanitarios; proceso que sigue pendiente del informe de la fiscalía.

La sentencia, que también podría ser recurrida por la Conselleria de Sanidad –aunque ayer en el departamento evitaron pronunciarse al respecto– también abre la vía a que más médicos reclamen indemnizaciones –CESM-CV notó ayer un repunte en las afiliaciones– e incluso posibilita que otros colectivos como el de enfermería, policía o bomberos, por ejemplo, puedan también presentar reclamaciones si no han sido dotados con los suficientes equipos de protección en el desarrollo de su trabajo.