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d. guindo
Miércoles, 12 de mayo 2021
El conflicto jurídico abierto entre el personal médico y la Conselleria de Sanidad en relación a la falta de material de protección durante los primeros ... días de la pandemia cuenta con un nuevo episodio que prácticamente devuelve el proceso a la casilla de salida, pero que empieza a despejar la posibilidad de que los afectados reclamen una indemnización.
En concreto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Alicante, que condenó al departamento liderado por Ana Barceló por la ausencia de Equipos de Protección Individual (EPI) y otros materiales a los médicos durante la primera ola de la pandemia. En el fallo, la sala ordena retrotraer el procedimiento al momento de la admisión a trámite de la demanda presentada por el Sindicato Médico CESM-CV, que promovió este proceso, con el objetido de que el citado juzgado alicantino requiera a la formación sindical para que «concrete su demanda, identificando y cuantificando los daños y perjuicios concretos reclamados tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa». Así figura en sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJCV en el que estima, en parte, los recursos interpuestos por la conselleria y el CESM-CV contra la sentencia de primera instancia y el auto posterior de aclaración dictados por el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.
«El juzgado de Alicante dijo que se había infringido la ley al obligar a trabajar a los médicos sin las medidas de protección necesarias, pero también dijo que el competente para fijar las indemnizaciones era el Contencioso. Ahora, el TSJ dice que el juzgado de Alicante sí que es competente también para establecer las indemnizaciones, pero hay que concretar médico a médico qué cantidad pedimos y justificarlo, por ejemplo, con partes de baja«, explicaron fuentes jurídicas de la formación a LAS PROVINCIAS.
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En esta línea, detallaron que la demanda inicial «afecta a 180 médicos, pero calculamos que al final se extenderá a entre 1.800 a 2.200 facultativos, que eran los que nos habían autorizado a tramitar la reclamación. El sindicato tiene casi 4.000 afiliados y ahora entrará mucha más gente», agregaron, para destacar que estas demandas se pueden extender a otros profesionales sanitarios como el personal de enfermería o los técnicos TCAE. En total, cerca de 10.000 profesionales sanitarios se han contagiado de Covid-19, la mayor parte enfermeros y facultativos. De hecho, se han presentado demandas en nombre de unos 800 facultativos en juzgados de Alicante, Elche, Benidorm, Castellón y Valencia. En total, calculan las citadas fuentes jurídicas, las indemnizaciones que se reclamarán oscilarán entre los 2.500 y los 45.000 euros en función de las consecuencias que cada médico sufrió a causa de esta falta de material de protección, pero para ello deberá justificarlo, por ejemplo, con partes de baja, si requirió ingreso hospitalario o presesenta secuelas.
Así, insistieron en que la sentencia del TSJ establece que es la jurisdicción social la que debe establecer tanto la infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto a la falta de equipos de protección y el derecho de los médicos «a ser merecedores de una indemnización derivada de haber trabajado sin la protección adecuada». «Todos recordamos cómo nuestros compañeros médicos, y también otro personal sanitario, tuvieron que hacer frente a la pandemia entre marzo y mayo de 2020, sin ningún tipo de protección. Se les negaban las mascarillas, los buzos, las gafas protectoras, los guantes, etc., y tuvieron que fabricarlos con bolsas de basura y aceptar mascarillas caseras sin homologar«, recordaron fuentes de CESM-CV.
Desde la conselleria replicaron que «puso todo el material sanitario necesario a disposición de los profesionales desde que comenzó la pandemia. Además, se llevaron a cabo todas las gestiones para fletar aviones y hacer llegar a la Comunitat todo el material necesario«. También indicaron que la posibilidad de presentar un recurso »está en estudio por parte de los servicios jurídicos«.
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