El TSJ confirma la condena a Sanidad por discriminar a médicos de la privada

Nuevo varapalo judicial a la Conselleria de Sanidad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha confirmado la sentencia de un juzgado de Alicante por la que se condena al departamento que ahora dirige Miguel Mínguez por discriminar a los médicos de la privada durante la vacunación de los sanitarios del Covid-19. En concreto, considera que se han vulnerado derechos fundamentales como el de igualdad, a la vida y a la salud.

La sentencia del TSJ se circunscribe a la provincia de Alicante ya que fue impulsada por el Colegio de Médicos de esta provincia y se refiere a la directriz marcada por la Conselleria de Sanidad de no vacunar a todos los médicos con las dosis contra el Covid-19 sino únicamente a los de la red pública.

El TSJ ratifica íntegramente la condena de lo Contencioso-Administrativo y rechaza los motivos esgrimidos por la Conselleria en su demanda, destacando que «(…) hubo un retraso, cuanto menos negligente, en la atención a los sanitarios de centros privados (…), retrasándoles la vacunación a pesar de la exposición a los mismos riesgos, lo que evidentemente les perjudicaba».

En concreto la decisión judicial hace hincapié en que el retraso en la vacunación «(…) en modo alguno estaba justificado (…)», teniendo en cuenta que existían normas y estrategias establecidas por las propias autoridades sanitarias para la atención de los sanitarios 'de primera línea', «(…) por igual y sin diferencias de ninguna clase».

En este sentido, la sentencia señala que «(…) los riesgos para la vida y la salud (…) eran igual tanto para unos como para otros, no entendiéndose de ninguna forma posible que a unos se les proporcionase la vacuna antes y a otros más tarde». «(…) Por lo cual, cabe aceptar la vulneración de los derechos fundamentales esgrimidos (…)».

También rechaza que la insuficiencia de vacunas argumentada por Sanidad pueda «(…) servir de coartada para desatender a los sanitarios privados sometidos a los mismos riesgos que los sanitarios públicos».

Para la Sala, «(…) no tiene ninguna justificación ni admite paliativos ni excusas la prioridad que se estableció en este caso en el tratamiento inmunizatorio en favor de los sanitarios públicos con perjuicio y detrimento de los privados». Es más, considera que «está más que justificada la invocación de la vulneración del derecho a la salud, e incluso la vida, por cuanto la exposición de los sanitarios a la infección de una enfermedad tan contagiosa y peligrosa para su integridad física (…)».

Esta es ya la quinta condena contra la gestión de la pandemia que acumula la Conselleria de Sanidad. Tres de ellas se refieren a la falta de medios con la que tuvieron que lidiar los facultativos en la primera ola del Covid-19 y otras dos por discriminar al os médicos de la privada en la vacunación.

La sentencia abre la puerta a que los facultativos afectados -unos 400 según el Colegio de Alicante- puedan presentar un recurso administrativo.

Además, el fallo judicial establece una indemnización simbólica para el denunciante -en este caso el Colegio de Médicos- de 10.000 euros por los daños morales. También condena a Sanidad a las costas valoradas en 2.000 euros.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular de Sanidad en Les Corts, José Juan Zaplana, pidió responsabilidades políticas al gobierno de Puig. «¿Ahora las costas quién las asume? ¿El pueblo valenciano?», argumentó el político popular.

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