Condenados sin bono de combustible

El día de Nochevieja la gasolina se buscaba más que las uvas. Era el último para beneficiarse del bono estatal generalizado para el combustible ante su encarecimiento por la guerra en Ucrania. Desde el arranque del año, sólo el transporte profesional por carretera y el sector primario se benefician de la prórroga de esta subvención, pero quedan fuera otros muchos que pasan buena parte de su jornada al volante.

Los olvidados del nuevo bono del combustible son agentes comerciales, abogados, fontaneros, electricistas, reparadores domésticos, instaladores o protectoras de animales, según los sectores profesionales consultados. Se mueven mucho, sus gastos se engrosan a fuerza de desplazamiento y, sin embargo, se quedan sin ayuda al no entrar en el concepción de «transporte profesional» a la que ahora se reduce la subvención.

En la Comunitat trabajan actualmente más de 362.000 autónomos. Son 228.600 hombres y casi 134.000 mujeres. Cada vez son más. Nuestra región es una de las cinco en las que el colectivo profesional creció en 2022, según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).

Como lamenta una portavoz, los perjudicados «son todos aquellos que usan su coche o su furgoneta para trabajar y nos son transportistas». Cita a agentes comerciales, abogados, fontaneros, electricistas... «En general todo aquel que no está en una gran ciudad en la que puede valerse del transporte público y tiene que moverse por pueblos. Carretera para arriba, carretera para abajo, haciendo muchos kilómetros y sin subvención». Lorenzo Amor es presidente de la ATA en la Comunitat. «Los autónomos hemos sido olvidados por el Gobierno. Muchos utilizan el carburante para el desarrollo de su actividad. No sólo hay transporte pesado, pesca y agricultura», incide. «Hay otros autónomos que hacen muchos kilómetros al año y, sin embargo, se quedan sin esas ayudas, mientras que otros sí las van a tener».

Según datos del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Valencia, en la región hay más de 2.000 profesionales. Son 280 mujeres y 1.720 hombres. «Somos autónomos y el combustible supone más de la mitad del gasto que asume un agente comercial. El resto son alojamientos, telefonía móvil, comida, que también se ha encarecido», destaca José Orero, secretario de la entidad.

El sector está «muy dolido» por haberse quedado fuera de la prórroga de ayudas. «El coche es nuestra herramienta de trabajo y existe un gran enfado entre los colegiados. Cada día más de 40 llamadas de agentes con esta queja, pues hay quien paga hasta 1.000 euros al mes. Es una injusticia. Entiendo que no se dé ayudas para todos, pero el Gobierno se ha olvidado de nosotros».

Los abogados también ponen el grito en el cielo. Pisan mucha carretera por la asistencia a presos a detenidos. «Los letrados que tienen que asistir a clientes beneficiarios de justicia gratuita se enfrenten a una subida de los gastos por desplazamiento sin precedentes», apunta el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.

La distancia de sus desplazamientos crece con el movimientos de presos entre cárceles. El ejemplo son «los 250 kilómetros de ida y vuelta que tienen que recorrer los letrados de Valencia si sus clientes han sido trasladados del centro de Picassent a Albocàsser», detallan los juristas valencianos.

«Por no hablar de los casos trasladados fuera de la Comunitat a pesar de que las causas se tramitan en juzgados o audiencias de las tres provincias», expresan. El el turno de oficio, también largos desplazamientos para asistir al detenido cuando un arresto se produce en una población alejada del interior.

Muchos abogados son autónomos y, a falta de un auxilio del Gobierno con el bono del combustible, confían en que la Conselleria de Justicia aporte alguna solución. Han aportado documentos con las distancias kilómetricas entre los partidos judiciales y las cárceles. También los largos recorridos hasta los centros de detención en comisarías y cuarteles de pueblos alejados.

Y también malestar entre los instaladores. Carlos Sánchez es el secretario de la Asociación de Empresas de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones y Energías renovables de Valencia (ASELEC). «Es un hachazo», valora. El instalador autónomo «sufre un gran daño económico, pues realiza muchos kilómetros para los desplazamientos a domicilios». Y no sólo el pequeño autónomo. «Hay empresas valencianas con flotas de 20 o 15 furgonetas que asumen muchísimo gasto en carburante y también se quedan fuera. Y ha subido todo. No sólo el combustible».

Lleva 15 años en el turno de oficio de Valencia, es autónomo y se dedica al derecho penal, aunque también asume asuntos civiles. «Vivo en El Puig, tengo despacho en Valencia y defiendo a clientes por toda España, con lo que me desplazo casi siempre con mi propio vehículo a juzgados y prisiones de todo el país», describe el letrado.

Según destaca, «el transporte público no siempre tiene buenos accesos a las cárceles, alejadas de centros urbanos». Si tiene que ir a Albocàsser, más de 100 kilómetros de trayecto. Si el defendido está en Fontcalent, 180. Si está en la cárcel de Villena, 100. «Inviertes una mañana o una tarde, con el gasto en combustible disparado. Y si ya me toca ir a San Sebastián o a Madrid son 1.000 kilómetros», ahonda. «Y lo normal es que entre letrado y cliente haya varias entrevistas»

Para García, los gastos por desplazamiento «son un verdadero problema». Y esta es su reflexión final: «El Gobierno se ha quedado corto al no hacer extensiva la prórroga de las ayudas al carburante a otros colectivos profesionales como el nuestro que por su trabajo también se desplaza mucho».

Con 59 años, Chuliá se gana la vida como agente comercial en el sector del mueble. Para él también la carretera es un segundo despacho. «Vivo en Valencia, pero viajo por toda España. Represento a empresas portuguesas y viajo a sus factorías dos o tres veces al año, junto con visitas periódicas a clientes», describe. Estas obligaciones le llevan de ruta por Valencia, Andalucía, Galicia o Cataluña. «Suelo hacer entre 50.000 y 60.000 kilómetros al año», calcula el comercial.

El combustible supone cerca de un 40% de sus gastos «y con el precio actual hay zonas alejadas donde ya me planteo dejar de atender a clientes personalmente porque no puedo asumir semejantes costos». Un viajante comercial como Chuliá lidia con facturas de hasta 800 euros en combustible «y se añade el desgaste del vehículo», apunta. «Es tan todo tan complicado que las generaciones jóvenes no se plantean ya este trabajo».

Esta es su opinión después de que el Gobierno haya dejado fuera de las ayudas a tantos autónomos viajeros: «Es ponernos más palos en las ruedas. Abocarnos a la desaparición. No hay relevo generacional ante las continuas dificultades y esfuerzos ímprobos de nuestra labor», zanja Chuliá con indignación.

Reparadores e instaladores son otro colectivo profesional que traga carretera y se queda fuera del bono del carburante. David González, es fontanero con sede en Enguera. «Durante la pandemia éramos esenciales y tuvimos que trabajar. Ahora, con la ayuda al combustible ya no lo somos», lamenta. «Mi furgoneta, es una herramienta más de trabajo con la que a veces recorro más de un centenar de kilómetros al día», estima. Su última factura de gasoil superaba los 200 euros «y a partir de ahora sumarán entre 80 y 90 euros más».

Y, al final, hay que tomar decisiones drásticas: «Procuraré atender a clientes lo más cercanos posible a Enguera y desplazarme sólo para los más fieles». Vicente Pelegero opina igual. Es electricista, fontanero e instalador de calefactores en Xàtiva. «A nosotros también se nos debería continuar aplicando la rebaja porque los desplazamientos son un gasto importante cada mes».

En su caso, de entre 300 y 400 euros mensuales «que a partir de ahora será un 20% más, una barbaridad». Las dificultades se contrarrestan con la demanda: «Afortunadamente hay mucho trabajo», se consuela.

Con los servicios de recogida o atención de urgencias relacionadas con animales, tres cuartos de lo mismo. El vacío en la ayuda profesional al combustible. La indignación a este colectivo se extiende a asociaciones como Modeprán. Miguel Ángel Monleón está al volante y servicio de una de las tres furgonetas de la entidad, con sede en Carlet. «Un gato herido, un perro arrollado, la muerte de un propietario... No paramos. Siempre de aquí para allá».

Lo corrobora la presidenta de la entidad, Amparo Requena: «Las protectoras que llevamos servicios municipales hacemos infinidad de kilómetros al día por los avisos de recogidas de animales, abandonados o auxilios».

Modeprán, por ejemplo, opera con tres furgonetas que funcionan con gasóleo y «están todo el día moviéndose desde nuestra base en Carlet». Según ahondan, «trabajamos con ayuntamientos de La Ribera o de la mancomunidad Horta Sud. Puede haber servicios que nos obligan a movernos desde Carlet a la Vall d'Uixò». Son 180 kilómetros de ida y vuelta. Y estiman una media de entre 150 y 200 kilómetros diarios.

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