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Estaban trabajando tranquilamente en su frutería del barrio de Benicalap de Valencia cuando llegaron los tres agresores. Tenían ganas de montar follón, y entraron a la tienda empezando a manosear las frutas y verduras. La pareja propietaria del establecimiento, él pakistaní y ella española, les pidieron que pararan. Y ahí comenzó la pelea.
Los tres condenados por delitos de lesiones y de daños con la agravante de un delito de odio empezaron a golpear a los comerciantes y a insultarles por la raza con términos como: «Moro de mierda, vete de mi país». A la mujer le refirieron otro tipo de vejaciones como: «Calla puta, que te folla un moro».
Después, los agresores abandonaron la frutería de Benicalap no sin antes tirar por el suelo las frutas y verduras que estaban expuestas en la calle e incluso las lanzaron contra el edificio. Echaron a perder un total de 400 kilos de alimentos valorados en más de 600 euros. El dueño de la tienda trató de que se calmaran pero los atacantes le dieron puñetazos en la cabeza y en la cara.
El vecindario de Benicalap alertó rápidamente a las autoridades. Hasta allí se desplazaron agentes de la Policía Local que pudieron localizar y detener. Uno de los agresores les dijo a los policías al ser detenido: «En mi barrio no me llama la atención ningún moro de mierda».
Cuatro días después del ataque, los vecinos de Benicalap y de otros barrios cercanos así como entidades sociales y colectivos antirracistas quisieron mostrar su apoyo a las víctimas. Se concentraron en la avenida Burjassot con el lema «Benicalap lliure de racismo».
El juzgado número 19 de lo Penal de Valencia ha condenado a cada agresor por un delito de daños y dos delitos leves de lesiones con la agravante de cometerlos «por razón de raza, etnia o nación», lo que implica una pena total a cada uno de ellos de 10 meses de multa con cuota diaria de 5€. Además, les ha impuesto una indemnización solidaria a pagar a las víctimas de 984,92€ por las lesiones sufridas y los desperfectos causados, 189,49€ por los gastos ocasionados a la sanidad pública y el valor de las costas procesales.
A la pareja agredida las representó Pilar Serrano, abogada de València Acull, una ONG dedicada a luchar por los derechos de los inmigrantes. Las víctimas han accedido a llegar a un acuerdo y no solicitar pena de prisión por las muestras de arrepentimiento de los procesados y su compromiso de no reincidir. No obstante, si no se paga la multa, el juez puede imponer un día de arresto domiciliario por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
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