El Consejo de Estado pide compatibilizar el trasvase al Segura con los caudales del Tajo

El Consejo de Estado se refiere especialmente a la disposición novena que surgió como fruto del compromiso del Consell y los socialistas murcianos con el Gobierno central y establece que antes de aumentar los caudales del Tajo se hagan estudios sobre la situación del río a partir de 2025 condicionando el resultado de la investigación al incremento de caudales. Así quedó recogido en el texto aprobado en el Consejo Nacional del Agua el pasado noviembre y que ahora el Ejecutivo ha modificado.

Hay que tener en cuenta que si se aplica el Plan del Tajo tal y como lo ha enviado el Gobierno al Consejo de Estado se producirá un recorte anual de 105 hectómetros cúbicos en el trasvase al Segura ya que el aumento de caudales introducidos para el curso medio del río implicará una merma en la transferencia.

El dictamen es concluyente: «Considera que resulta necesario arbitrar un mecanismo eficaz para la coordinación de los planes hidrológicos de las cuencas del Tajo y el Segura«. El informe prosigue señalando que »la satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto Tajo-Segura«.

El informe se muestra partidario del trasvase al señalar que «en el asunto sometido a consulta se aprecia una falta de coordinación entre los planes hidrológicos del Tajo y del Segura que el proyecto de Real Decreto no solventa, y que puede provocar, no solamente una falta de coherencia entre los planes de cada confederación hidrográfica, sino también a una afección relevante a un elemento de la planificación hidrológica nacional como es el trasvase del Tajo –Segura».

De esta manera, el dictamen considera la falta de «coordinación» y «coherencia» del Ejecutivo en la redacción del plan del Tajo y el trasvase. Así, el documento compara los planes del Tajo y el Segura. En el del segundo tiene en cuenta las transferencias que llegan anualmente por el acueducto (295 hectómetros cúbicos) pero no lo hace en el caso del Tajo evidenciando esta falta de coordinación entre ambas planificaciones.

El dictamen va más allá y señala que el régimen de caudales del Tajo no está condicionado por los estudios que se hagan sobre el estado del río. Es decir que el incremento no se ve amenazado por un trasvase.

Esta función era la que cumplía la disposición novena defendida por la Generalitat. Pero tal y como ha quedado redactada tras los retoques del Ministerio para Transición Ecológica «carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo dicha coordinación y de cohonestar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase del Tajo-Segura».

El Consejo subraya, en este sentido, que la disposición adicional novena del proyecto «constituye un intento de coordinar las previsiones de los planes hidrológicos de la cuenca cedente y receptora del trasvase del Tajo Segura y parece responder al debate desarrollado en el seno del Consejo Nacional del Agua».

Ante ello, el dictamen propone dos soluciones. Por una parte, establece que previamente habría que modificar las normas que regulan el trasvase. O bien, por otro lado, «debiera también considerarse la procedencia de establecer criterios técnicos y metodologías más detalladas para la determinación de los caudales ecológicos, fijándose por vía normativa criterios comunes para todas las demarcaciones hidrográficas, aplicables en todas las cuencas para la fijación de esos caudales». Es decir, establecer parámetros estándar a todas las cuencas para medir el agua que llevan los ríos.

Aún así está por ver si el Gobierno incorpora las salvedades al plan hidrológico que ha hecho el Consejo de Estado. Aunque fuentes consultadas han señalado que es muy difícil que el Ejecutivo central cambie de posición.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que el Gobierno debe atender las «razones» que esgrime el Consejo de Estado en su dictamen donde avala los planes hidrológicos que incluyen el recorte del Tajo-Segura, con matices respecto al procedimiento, ya que considera que el informe recoge la necesidad de buscar «un punto de encuentro entre el caudal ecológico y el trasvase».

«El Gobierno no puede ser equidistante con las necesidades de un territorio y otro: todos tenemos demandas objetivas», ha declarado a preguntas de los periodistas en una visita a una empresa de Cheste, tras remarcar que el Consell no ha recibido «oficialmente» el informe y garantizar que lo estudiarán en profundidad.

En cualquier caso, el también líder del PSPV ha sostenido que el dictamen es «un buen inicio de recorrido». A la espera de estudiarlo, ha reiterado que el Consell está a favor de la negociación, el acuerdo y el diálogo para conseguir «agua para siempre».

«Y para eso necesitamos que se venza cualquier tribalismo o apropiación indebida de una realidad de todos», ha advertido, para lo que ha pedido más racionalidad y menos «patrioterismo».