El Consejo de Estado da luz verde a Sánchez para apuntillar el trasvase Tajo-Segura

El Consejo de Estado tenía este jueves sobre su mesa la posibilidad de respaldar la posición del Gobierno de Pedro Sánchez que pretende modificar el caudal ecológico del trasvase Tajo-Segura, tal y como defiende Castilla-La Mancha, o atender las reivindicaciones que la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía han venido realizando en el sentido contrario, con la mera voluntad de seguir contando con agua para su supervivencia. Y el alto organismo ha escogido la primera opción.

El pleno del Consejo de Estado ha aprobado por unanimidad el dictamen del proyecto de Real Decreto por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del río Tajo.

El informe preceptivo del alto órgano consultivo incorporará los comentarios realizados por los consejeros y será enviado esta misma tarde al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, según han confirmado a Europa Press fuentes del Consejo de Estado.

Una vez que el dictamen esté en el departamento que dirige la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ese departamento tendrá que estudiar e incorporar al proyecto de Real Decreto los comentarios de la institución.

El complejo expediente analizado por el Consejo de Estado sumaba entorno a 5.000 folios entre los que figura la polémica modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura, que han sido criticados por Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía y defendidos por Castilla-La Mancha.

El expediente del Real Decreto llegaba al Consejo de Estado con todos los documentos acumulados en su tramitación y con la petición de audiencia de las citadas comunidades autónomas, que discrepan fundamentalmente del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y que afectan a los volúmenes de agua transferibles de esa cuenca al Acueducto Tajo-Segura.

El Gobierno remitió al Consejo de Estado su propuesta de Real Decreto y solicitó a la institución consultiva un dictamen por el procedimiento de urgencia con el fin de recibirlo antes del 20 de enero. El trámite recayó en la sección octava del Consejo de Estado, que preside el consejero permanente Enrique Alonso García.

La decisión del Consejo de Estado da la puntilla al trasvase porque modifica el régimen a partir del cual se pueden realizar transferencias de agua a las cuencas deficitarias, como la del Segura. Una decisión contra la que ya se manifestaron recientemente miles de agricultores de las regiones afectadas, así como distintos representantes políticoas –en el caso de la Comunitat, desde la consellera de Agricultura Isaura Navarro hasta el líder del PPCV, Carlos Mazón–.

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) ya manifestó esta misma semana su «máxima preocupación» por la «reducción de recursos hídricos que se dará en el año 2027» en caso de «mantenerse las previsiones de disminución de caudales aportados» por el trasvase según la planificación llevada a cabo por el Ministerio para la Transición Ecológica.

El texto remitido por el Gobierno que preside Sánchez al Consejo de Estado incorpora una versión que, según el Consell que preside Ximo Puig, no era la que aprobó el Consejo Nacional del Agua el pasado mes de noviembre.

El Gobierno castellano-manchego ha verbalizado este jueves su respaldo a la posición del Consejo de Estado al señalar el vicepresidente castellanomanchego, José Luis Martínez Guijarro, que el Ejecutivo regional está convencido de que la propuesta del Ministerio es «absolutamente razonable», porque «lo que no era aceptable era que el Tajo fuera el único río de España cuyo plan no tuviera regulado un caudal mínimo, un caudal ecológico».

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