El Consell no activa las ayudas a reos en el extranjero aprobadas hace un año

Si un gallego, un aragonés, un balear o un canario acaba preso en alguna cárcel del mundo, en especial las más insalubres, penosas o peligrosas, cuenta con el auxilio de su comunidad autónoma. Pero eso no sucede en la Comunitat Valenciana, a pesar de la Proposición No de Ley aprobada hace ya más de un año en Les Corts a petición del socialista Manuel Mata.

El jueves pasado, una alicantina de 23 años acabó detenida en Cali con 2,4 kilos de cocaína. Su madre contactó con la Fundación +34, oenegé que presta ayuda humanitaria a presos españoles en el extranjero a través de convenios con varias comunidades autonomas.

La organización le explicó que la Comunitat no tiene suscrito ningún acuerdo de colaboración como el que sí rubricaron en su día Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Baleares, Canarias o Aragón. Murcia lo aprobó hace unas semanas y se está redactando. También Madrid y Navarra se han sumado recientemente al compromiso de auxilio a través de la fundación.

Según la oenegé, las regiones citadas destinan, a través de sus respectivos convenios, una media de 15.000 euros anuales que sirven, entre otras cosas, para pagar médicos y medicamentos, alimentos, gestiones o servicios esenciales a presos españoles que no estén implicados en delitos de sangre o agresiones sexuales. En definitiva, un cierto 'salvavidas' allí donde los derechos humanos se esfuman entre rejas.

Y lo más llamativo es que voluntad política parecía haber en nuestra región para este propósito, pero se ha diluido en nada, sin una dotación económica concreta o convenios con organizaciones que materialicen el compromiso adquirido en el Palau de Les Corts el 14 de febrero del año pasado. En esa fecha se aprobó por unanimidad la Resolución 904/IX sobre la protección y auxilio de valencianos y valencianas en situación de privación de libertad en el exterior, en el seno de la Comisión de Derechos Humanos.

Un año antes, en la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, Mata ponía sobre la mesa que «otras comunidades han firmado acuerdos de colaboración, o están en vías para hacerlo, con entidades sin ánimo de lucro que procuran cobertura a sus conciudadanos en situaciones de especial necesidad».

En la misma línea, el síndico socialista estimaba en cien el número de «valencianos y valencianas encarcelados en el exterior, a los que hay que añadir aquellos que desean que no conste su situación». Y según resaltaba, «varios se encuentran en países con sistemas penitenciarios en condiciones de falta de garantías mínimas de respeto a los reos». Aparente preocupación y buenas intenciones para este colectivo de origen valenciano.

Finalmente, dos fueron las resoluciones esenciales aprobadas en febrero en la citada Resolución 904/IX: En la primera de ellas, «Les Corts Valencianes instan al Consell de la Generalitat a reforzar el apoyo a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana en el exterior que se encuentran en situación de especial necesidad por cualquier causa, prestando atención especial a sus condiciones de vida y a formalizar convenios con entidades sin ánimo de lucro que les prestan ayuda». En segundo lugar, Les Corts Valencianes instaban al Consell de la Generalitat para que, a su vez, pida al Gobierno central «acciones oportunas para garantizar el respeto de los derechos humanos de los presos valencianos en las prisiones extranjeras y su traslado, en el marco de acuerdos bilaterales, para que puedan cumplir el resto de la condena en prisiones de nuestro país y, preferentemente, dentro de nuestra Comunitat».

¿En qué ha quedado todo? Según fuentes de la Conselleria de Cooperación, que tomó riendas en el asunto, este departamento autonómico no ha suscrito ningún convenio con la Fundación+34 ni con ninguna otra como los que sí funcionan en las citadas regiones de España para el auxilio humanitario a los presos españoles.

A grandes rasgos, se ha limitado a una carta del conseller Manuel Alcaraz al ministro de Asuntos Exteriores y a derivar la responsabilidad de esas posibles ayudas a presos valencianos a los Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX).

En un informe de cumplimiento de la Resolución 904, Cooperación expone que en la convocatoria de subvenciones a los CEVEX de 2017 se tuvieron en consideración aquellas solicitudes de ayudas en el caso de que las actividades propuestas «tengan como beneficiarios a los colectivos más desfavorecidos, entre los que se incluyen las personas privadas de libertad».

En concreto, Cooperación preveía otorgar 15 puntos en el baremo de estas solicitudes si reunían las citadas inquietudes humanitarias. Pero lo cierto es que ninguno de los centros de valencianos en el extranjero ha presentado ni una sola solicitud de ayuda para un proyecto con miras a auxiliar a los reclusos presos en el extranjero. «Y con estas actuaciones se da por cumplida la resolución», zanja Alcaraz en su informe de cumplimiento.

Fuentes de la Fundación +34 se mostraron muy extrañados con la actitud del gobierno valenciano en este asunto. «En otras comunidades la voluntad política se ha traducido en convenios y dotaciones económicas concretas para que asumamos la ayuda humanitaria a los reclusos de cada región». En concreto, no comprenden cómo «los grupos parlamentarios aprueban por unanimidad algo que, finalmente, acaba sin materializarse».