Puig se rebela contra Sánchez: «Recortar el trasvase Tajo-Segura es inaceptable»

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, quema uno de sus últimos cartuchos para frenar el Real Decreto del plan hidrológico que prevé incrementar el caudal ecológico y que supondrá menos agua para los regantes valencianos, especialmente alicantinos. Este martes quiso dejar claro «el más firme rechazo» del Consell a cualquier modificación o supresión del proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua, que fue previamente acordado.

Desde la Generalitat aseguran que, en caso de incumplimiento, la Generalitat emprenderá «todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo-Segura». En el documento aprobado el 29 de noviembre se incluía un punto, la disposición adicional novena, que, recuerdan desde la administración autonómica, resulta esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase.

Por ello, a través de una misiva, Puig ha solicitado audiencia al Consejo de Estado para conocer de primera mano la redacción final que ha llegado al citado órgano consultivo sobre el proyecto de Real Decreto del plan hidrológico a fin de poder presentar las alegaciones necesarias.

De esta manera quiere «tomar la iniciativa» puesto que el dictamen del Consejo de Estado es preceptivo antes de que el Consejo de Ministros apruebe definitivamente el proyecto de Real Decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones.

Puig se enfrenta de esta manera al Gobierno central reafirmando «su compromiso inquebrantable en defensa de los regantes valencianos como su voluntad manifiesta de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura».

Otro de los frentes abiertos es el precio del agua salada. La decisión del Ministerio de Transición Ecológica y de la empresa pública Acuamed, con la que gestiona el agua desalada en España, de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura también cuenta con la crítica del Consell, puesto que supondrá en la práctica triplicar los precios de la misma.

El president muestra su «rechazo frontal a esta decisión», al tiempo que exige al Gobierno de Sánchez «que reconduzca la situación y reconsidere su postura, porque estamos hablando de un territorio donde la agricultura juega un papel muy importante y, en consecuencia, es especialmente sensible al precio del agua».

Desde el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) no han tardado en contestar a Puig. Aseguran que el texto trasladado al Consejo de Estado es el acordado en el Consejo Nacional del Agua «para el cumplimiento de l a normativa y la ejecución de las sentencias del Supremo».

Insiste en que este acuerdo asegura más de 8.000 millones de inversión en este nuevo ciclo del agua, "anticipa los riesgos del cambio climático; dedica la mayor cuantía jamás destinada en España a este ámbito; garantiza también transparencia y diálogo con todos los actores implicados y prevé un exhaustivo rendimiento de cuentas sobre el cumplimiento de los hitos de inversión".

Con respecto a las críticas por la supresión de las subvenciones al agua desalada, el Miteco adelanta que está ultimando un nuevo decreto transitorio, «debatido y consensuado con los actores implicados» que prevé se apruebe en la mayor brevedad por el Consejo de Ministros, «conscientes de la situación de los regantes y del precio de la energía necesaria para el proceso de desalación».

Los regantes aplauden la decisión del Consell, aunque se muestran pesimistas ante lo que califican de «cacicada» de la Ministra de Transición Ecológica. Así lo ha expresado el responsable de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. «Es lo único que le queda porque estamos ante una situación insólita en democracia en el sentido de que un Gobierno central rompe lo acordado con un gobierno autonómico».

En este sentido, Andreu cree necesario que además de la presentación de alegaciones, el jefe de Consell debería «elevar el tono político».

Con respecto al precio del agua desalada, el presidente de Asaja Alicante, espera que se solucione y que finalmente se renueve el convenio entre el Ministerio y Acuamed. « En otras ocasiones ha ocurrido algo similar y al final se ha firmado el convenio», ha indicado y ataca de nuevo a la ministra Ribera apuntando que esta situación «viene a demostrar la improvisación del Ministerio y que solo tiene una hoja de ruta: acabar con el trasvase Tajo-Segura».

Muy crítico ha sido el presidente del PPCV, Carlos Mazón, a la decisión dada a conocer por el Consell. Ha afirmado que Ximo Puig, «no tiene autoridad moral, ni de certeza, ni política para hablar del trasvase Tajo-Segura» y ha manifestado que «el dúo Sánchez-Puig está recortando el trasvase de manera injustificada y permanente y casi ya sin solución».

«No tiene ningún sentido lo que está haciendo el PSOE con el agua. Está recortando sin datos ni estudios que lo justifiquen y ya no es que nos vayamos a quedar prácticamente sin agua para riego, sino que nos van a subir el precio del agua potable a muchos municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Alicante», ha explicado.

Mazón califica además de «engaño sin justificación» el acuerdo «que nos quiere vender, simplemente por seguir una consigna de partido que está haciendo un daño irreparable a la Comunitat». Al respecto ha pedido a Puig «cerrar el puño y ponerlo fuerte en la mesa de Madrid, poner por delante tu tierra a los intereses de partido».

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