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El Consell añade al toque de queda la limitación de las reuniones sociales

La Generalitat enviará hoy al Tribunal Superior de Justicia una resolución para que las medidas entren en vigor de forma automática

F. RICÓS

Sábado, 24 de octubre 2020, 00:21

El Consell sigue fiel a su hoja de ruta. Decidido a implantar el toque de queda, anoche el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, fue más allá y anunció que se va a poner freno a las reuniones sociales. Y no va a tardar en hacerlo, ya que hoy mismo remitirá toda la documentación necesaria al Tribunal Superior de Justicia para tener respaldo legal ante las medidas que quiere poner en práctica para atajar el coronavirus. Sin embargo, su intención no es esperar a que llegue la resolución judicial, sino que entre en vigor de forma automática.

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Durante su intervención, Puig señaló directamente a las reuniones sociales y al botellón como el detonante de los contagios masivos de los últimos días. «Sabemos que se están alquilando chalés para celebrar fiestas y ahí es donde verdaderamente se están produciendo los contagios». Por este motivo, el Consell no se va a contentar con el toque de queda entres la medianoche y las seis de la mañana, sino que, para evitar que los botellones se trasladen de hora, se limitarán las reuniones sociales. «Sabemos que el ocio familiar y de amigos forma parte de nuestra identidad, pero ahora no debemos hacerlo», sentenció.

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No desveló, sin embargo, el número de personas que podrán congregarse ni en qué condiciones, pero dejó claro «que todo esto no afectará a la movilidad de las personas que tengan que trabajar ni de las que cuiden a una persona dependiente».

Además de apoyarse en el TSJ para contar con cobertura legal, Ximo Puig consideró «clave» que el Gobierno declare el estado de alarma para así contar con todas las armas necesarias que frenen el vertiginoso avance del coronavirus.

Para que las medidas entren con celeridad, el Gobierno valenciano, en este caso la Conselleria de Sanidad, va a emplear la misma metodología que utilizo cuando puso en cuarentena a los alumnos del colegio mayor Galileo Galilei tras la fiesta en la que se contagiaron 131 jóvenes. En aquella ocasión la consellera Barceló firmó la resolución del confinamiento el 5 de octubre y una vez publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la traslado al Tribunal Superior de Justicia para que se pronunciase. El Alto Tribunal dio la razón a Barceló el 8 de octubre.

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En esta ocasión, los juristas de la Generalitat seguirán el artículo 10.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en la que se notifica oficialmente la resolución a la Abogacía de la Generalitat para que lo traslade al TSJ en busca de la ratificación judicial. «Mañana mismo podría entrar en vigor», dijo como ejemplo Mónica Oltra.

El Consell se basa en la ley 3/2020 que, según su portavoz y vicepresidenta primera, Mónica Oltra, «establece que se puedan tomar medidas de este tipo sin que esté en vigor el estado de alarma». Este es el «encaje legal y procedimental» que minutos antes Oltra dijo que estaba buscando la Abogacía de la Generalitat «para la aplicación de la restricción de movimientos nocturnos en la Comunitat Valenciana y medidas adicionales para frenar la expansión».

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Mónica Oltra advirtió de que no hay decisión política alguna para que se frene la resolución que está preparando la Conselleria de Sanidad porque quieren que esté lista y entre en vigor «cuanto antes».

En caso de que el TSJ diera la espalda al razonamiento jurídico que le presente la Generalitat y el dictamen no respaldase esta restricción horaria, siempre le queda al Consell la opción de pedir al Gobierno que declare el estado de alarma en el territorio, como ya ha hecho el País Vasco. Algo a lo que se ha mostrado dispuesto el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

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Un poquito «de mambo»

En este sentido, la vicepresidenta primera se mostró favorable a que el Gobierno central aprobase el estado de alarma. «La Comunitat Valenciana no tiene ningún problema, al contrario. Si da paraguas de seguridad jurídica, no tenemos ningún problema», aseveró. «No nos parece una mala medida», insistió.

No obstante, aseguró que las medidas para el ámbito de todo el Estado «no hace falta hacer tabula rasa. Se ha de tener en cuenta lo que exprese cada territorio», aseguró.

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Eso sí, la vicepresidenta reprochó de manera velada al Gobierno central por su inactividad a la hora de adoptar decisiones. «Queremos que esto tenga un poquito más de 'mambo'. Y mientras llega eso, vamos haciendo camino», indicó en referencia a la puesta en marcha del estado de alarma.

Oltra incidió en que el coronavirus, si entra en fase de contacto comunitario «hemos de tomar medidas muy drásticas y no queremos ir a remolque del virus. Las medidas han de tomarse para ir por delante del virus». Con ello deslizaba que las decisiones adoptadas por el Gobierno central en ese sentido siempre han ido a remolque de la pandemia, aunque poco después aseveró que no tenían por qué opinar sobre lo que hacía o no hacía el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Oltra señaló que la Comunitat no ha roto el consenso con el conjunto de comunidades autónomas y el Gobierno. Desde que el Ejecutivo central traspasó el poder de decisión a las regiones en materia de Covid se han adoptado decisiones de manera unánime. Excepto ayer, cuando la consellera de Sanidad, Ana Barceló, propuso en el Consejo Interterritorial de Sanidad que se aplicara el toque de queda, medida que apoyaron todas las autonomías excepto el País Vasco y Madrid, comunidad esta última que ayer mismo aplicó esta medida restrictiva.

«No entendemos que rompemos el consenso sino que contribuimos a frenar la pandemia», declaró la número dos del Consell que considera que las medidas «no tienen que ser iguales» para todas las autonomías.

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La decisión de poner en marcha el toque de queda no irá en solitario. Sanidad lo lleva en sigilo, aunque Oltra desveló una pincelada. «Tendrá que ver con grupos de personas que se puedan juntar en una fiesta o un sarao», afirmó la vicepresidenta.

Cabe recordar que el TSJ del País Vasco denegó este jueves denegó al Gobierno vasco que no se pueden reducir los grupos a un máximo de seis componentes.

La vicepresidenta quiso justificar la necesidad de implantar el toque de queda desde la medianoche hasta las 6 de la mañana desde que entre en vigor hasta el próximo 9 de diciembre, después de los puentes de noviembre y diciembre. «Estamos preocupados porque el virus avanza y entendemos que es muy importante la concienciación ciudadana», afirmó.

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