El Consell carga contra la política migratoria del Gobierno con los centros de menores al 160%

Los datos son palmarios. Los centros de la Comunitat están ahora mismo «un 160% por encima de los recursos disponibles». No dan más. Camarero señaló que por parte de la Generalitat se han puesto en marcha «contratos de emergencia» con las entidades que se encargan de asumir a estos menores con tal de «atenderlos con la dignidad que merecen». Pero la situación de alerta no cesa.

La vicepresidente detalló cómo durante el verano han arribado hasta 30 pateras a la Comunitat. Las cifras no casan con las que ayer publicó LAS PROVINCIAS del Ministerio del Interior, quien contabiliza 29 embarcaciones llegadas «en lo que va de año». A parte de plasmar el desbarajuste estadístico que hay sobre la materia desde el Gobierno central, demuestra que la emergencia migratoria no cesa.

Es más, en esa treintena de pateras llegadas a las costas valencianas viajaban un total de 17 menores que ya han sido acogidos. No sólo esto. Camarero ha lamentado que a lo largo del año han llegado también «80 menores en los cupos de mayores», algo que la administración autonómica ha denunciado al Gobierno: «No se le pueden colar». Otra prueba del descontrol estatal.

Por todo ello, la representante del Consell ha sido especialmente dura con la política migratoria de Pedro Sánchez. «No hay política». Camarero, durante una visita al nuevo Centro de Crisis 24 Horas de València para atender a víctimas de agresiones sexuales, ha criticado que la atención de estos adolescentes «lo está haciendo el Consell sin ver ni un euro del Gobierno central, a pulmón con nuestros presupuestos». Es más, lanzó un dardo sobre la colaboración de ciertos municipios gobernados por el PSPV: «No hay un sólo ayuntamiento valenciano regido por los socialistas que haya ofrecido sus recursos».

Además, Camarero ha acusado a los ministerios responsables –Infancia y Migraciones, porque al del Interior «ni está ni se le espera»– de «pasarse la pelota» entre ellos, con lo que ha argumentado que existe «una descoordinación» en las políticas de migración. «El Gobierno no puede responsabilizar ni trasladar su problema a las CCAA, un problema que es suyo por su ineficacia, inoperancia e irresponsabilidad», ha insistido.

No es el único momento de la intervención de la vicepresidenta del Consell en la que ha usado la palabra irresponsabilidad para referirse a la política del Gobierno central. Camarero también ha considerado «irresponsable» que el Ejecutivo no trabaje este asunto, como «política de Estado y europea» que es, con la Unión Europea. «Tendría que estar trabajando con la UE y dar una respuesta europea conjunta para que esta tenga más fuerza y más eficacia», ha subrayado.

El Consell se define como solidario y responsable en esta materia. Pero Susana Camarero ha sido severa en este sentido, y sobre todo ante la situación límite que viven ya los centros de menores de la Comunitat Valenciana: «No me puedo comprometer a acogerlos si no tengo plazas para ello».

No es la primera vez que la Comunitat enciende la señal de alarma en este sentido. El pasado mes de abril, como publicó LASPROVINCIAS, el anuncio del envío a la región de medio centenar de menores inmigrantes llegados en patera a Canarias –dentro del reparto entre comunidades que acordó unilateralmente el Gobierno y que soliviantó a las autonomías– volvió a poner en jaque el sistema de atención de menores no acompañados en la región.

De hecho, ese mismo mes llegó otra constatación del colapso del sistema. Como también publicó este periódico, el área encabezada por la vicepresidenta del ejecutivo valenciano se vio forzada a realojar a 40 menores no acompañados en régimen de acogimiento residencial en el refugio del municipio alicantino de Biar. El lleno total de los centros habituales hacía ya entones inviable dejarlos en los espacios ofiiales habituales.

La voz de alarma ya la dio en febrero la propia Camarero. Entonces, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Ministerio de Juventud, la vicepresienta exigió al Gobierno central «planificación, coordinación y financiación» para abordar «de forma eficiente y efectiva» la llegada de niños y adolescentes migrantes no acompañados. Medio año después, la situación no ha cambiado en absoluto.