El Consell culpa de la fiesta al Galileo y a los estudiantes y propone sanciones de hasta 30.000 euros

La Conselleria de Justicia y Administración Pública va a proponer sanciones de entre 601 y 30.000 euros para cuarenta alumnos residentes en el Galileo Galilei por su participación en diferentes fiestas que se celebraron el día 26 de septiembre y que provocaron la propagación del brote más grande de la Comunitat en esta segunda ola, con el resultado de 168 personas contagiadas (131 de ellas estudiantes del colegio mayor), la suspensión de las prácticas sanitarias en Valencia durante diez días y la cancelación de las clases presenciales en el campus de Vera de la Politècnica durante dos semanas, además de afecciones menores a otras universidades de la ciudad. La misma sanción, de carácter grave, se planteará para los responsables del centro y para algunos trabajadores, al considerar que no se tomaron las medidas necesarias para evitar las reuniones no autorizadas ni se actuó con la diligencia requerida.

Así lo ha explicado la consellera del departamento, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa convocada para dar cuenta de las conclusiones de la investigación policial iniciada el 6 de octubre, horas después de que la propagación de los contagios obligara a cancelar las clases presenciales en el citado campus y que se puso en marcha a instancias de la Conselleria de Universidades.

Las pesquisas se han prolongado durante diez días y establecen que «queda clara la responsabilidad del colegio mayor Galileo Galilei y de sus dirigente y responsables por su falta de diligencia por permitir, por inactividad o pasividad, la celebración de fiestas y reuniones que han vulnerado la normativa de prevención de la Covid», ha señalado Bravo. La responsabilidad de la gerencia del centro «se basa fundamentalmente en el total descontrol de la situación en relación a la fiesta del pasado 26 y que fue la causante del brote. No se estableció ningún tipo de control respecto a la celebración de la misma«, ha añadido.

Según el relato de los hechos que se desprende del informe, el 26 de septiembre por la tarde se celebró la fiesta ibicenca en la azotea del colegio mayor, sin distancia ni medidas de protección, y en la recepción del colegio se tuvo conocimiento de la misma mediante un primer aviso anónimo sobre las 20 horas. Fue un residente el que llamó e informó de que «había gente de fiesta y bailando», y según Bravo, «a las nueve de la noche una persona de recepción la disolvió».

Esa noche, sobre la una de la madrugada, la Policía Nacional fue avisada porque en una de las habitaciones se estaba celebrando otra fiesta, y tras personarse en la misma los agentes identificaron a 22 personas que se encontraban «sin ningún tipo de medida de seguridad». La misma noche, entre las tres y las cuatro, los agentes tuvieron que acudir de nuevoa otro cuarto, donde se localizó a seis estudiantes más. Según ha explicado la comisaria de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la Comunitat, Marisol Conde, fueron residentes los que dieron los avisos. Todos ellos se incluyen en los 40 que se enfrentan a una sanción.

«Las fiestas de las habitaciones tampoco fueron advertidas por el personal del colegio mayor», ha continuado Bravo ciñéndose al informe, antes de señalar que existen testimonios que hablan de que reuniones similares «se habían sucedido en días anteriores sin ningún tipo de control por parte de los encargados del centro». «La policía concluye así que queda acreditada la falta de rigor en las funciones de control que tienen encomendadas», ha añadido.

También ha dicho que es «innegable la responsabilidad» de los miembros del consejo colegial (órgano de participación que impulsa actividades para los residentes), pues anunciaron la fiesta en la azotea en redes sociales «y aunque en sus declaraciones aseguraron que la habían desconvocado el mismo día 26 en las mismas redes sociales algunos de ellos manifestaron haber participado esa misma noche«, en palabras de Bravo.

Así, los cuarenta estudiantes identificados participaron en las diferentes fiestas organizadas en cuestión de horas (la de la azotea y las de las habitaciones), y entre ellos figuran tres o cuatro miembros del consejo colegial.

Durante el encuentro con los medios no se ha precisado cuántos trabajadores se enfrentan a una sanción, más allá del director y de los responsables de la recepción del día 26. Sí se ha señalado, por parte de Conde, que en la azotea se reunieron unas 50 personas. Las labores de identificación continúan pero son complicadas, pues más allá del visionado de los vídeos, en sus declaraciones los participantes no siempre aclaraban, por razones obvias, qué compañeros habrían formado parte de la reunión no autorizada.

La consellera ha explicado que la propuesta de sanción se basa en las conclusiones del informe y que ahora será tramitada por el servicio correspondiente de su departamento. El procedimiento durará seis meses y servirá para perfilar las cuantías exactas a afrontar por los alumnos, trabajadores y responsables del colegio mayor, así como a depurar exactamente su grado de responsabilidad. Respecto a los empleados del Galileo, Bravo ha señalado que «tenían que haber advertido de forma inmediata de lo que allí pasaba o a la policía o al responsable del centro cuando sabemos que estas reuniones están prohibidas».

Aunque de momento el expediente administrativo se centra en personas, también se considera que existe responsabilidad por parte de la empresa. «Por una parte están quienes estaban allí, encargados de mantener el control en un centro como este, y por otra está el responsable del colegio, que tiene la obligación en el momento de tener conocimiento de una posible fiesta de adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzca. Todas estas responsabilidades deben ir dilucidándose en el marco del expediente sancionador», ha añadido.

En este sentido, a preguntas de los medios, ha recordado que el decreto que regula las sanciones por incumplir las normas sanitarias (del que se desprende este procedimiento) también prevé la suspensión de la actividad o la clausura del establecimiento ante este tipo de infracciones. Exactamente durante un periodo de seis meses, en arreglo al articulado que regula las infracciones graves, que son las que propone la administración.

Por último, la consellera ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha instado a la ciudadanía «a no mirar para otro lado» y comunicar a la policía «todas esas reuniones o fiestas» de las que se tenga conocimiento «porque nos estamos jugando la vida y la salud de todos». También ha pedido recordar el perjuicio económico que está sufriendo el sector del ocio nocturno para combatir la pandemia, «que no sirve de nada ante comportamientos insolidarios».

Por su parte, desde la empresa gestora del Galileo Galilei prefirieron no pronunciarse en relación a la propuesta de Justicia, más allá de señalar que «se está a la espera de que concluya la investigación» y que el colegio mayor tiene en marcha su propio comité de disciplina para depurar responsabilidades a nivel interno.