El Consell culpa al Gobierno de no instalar el sistema de alerta temprana en la cuenta del Júcar que hubiera «salvado vidas» el 29 de octubre

Barrachina culpa al Gobierno central de no realizar «una inversión clave y fundamental para minimizar el riesgo y el impacto de posibles inundaciones» en la cuenca del Júcar, recordando que la entonces ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, declaró en noviembre el Congreso de los Diputados que «lo más importante ante este tipo de riesgos de grandes inundaciones es contar con un sistema de alerta temprana, porque son los únicos que salvan vidas».

Sin embargo, a diferencia de otras confederaciones como la del Ebro, la CHJ no cuenta con este sistema, lo que según el propio Gobierno, podría haber evitado la tragedia en Valencia.

«A pesar de que el Gobierno reconoce que este dispositivo salva vidas y que otras confederaciones ya cuentan con este sistema, la del Júcar sigue sin él«, denuncia el titular de Agricultura.

Barrachina ha insistido en que, según la propia lógica del Gobierno, «la falta de este sistema ha costado vidas y ha señalado que la responsabilidad de su instalación recae directamente en la CHJ competencia del gobierno de Pedro Sánchez«.

Es por ello que exige al presidente una explicación «clara e inmediata» sobre las razones por las que no se instaló el SAT. «Los afectados merecen una respuesta y, sobre todo, soluciones reales para que una tragedia como esta no vuelva a repetirse», manifiesta el conseller.

El presidente Mazón también se ha referido al barranco del Poyo en la presentación del proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana este sábado en la playa de Tavernes de Valldigna, donde ha tildado de «extremista» la Ley de Costas y como la «responsable» de impedir que se pudieran reencauzar  barrancos como el del Poyo.

Una Ley, que según Carlos Mazón promueve el «ecologismo fanático» y que «promulga que los ríos tienen que ser libres, de que hay que dejarlos discurrir con libertad», ha manifestado en el encuentro que ha mantenido con asociaciones de afectados por la Ley. «Eso cuesta vidas, mucha pena y mucha falta de derechos, que es lo que ha tenido demasiada gente durante todo este tiempo», ha lamentado.