El Consell debe más de 56 millones de euros a centros de menores y residencias

En el caso de los centros de menores, según señalan fuentes tanto de la Federación del Tercer Sector de Infancia como de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat (Apime), los impagos afectan a una veintena de recursos (con algo más de 500 plazas y un millar de trabajadores), a los que el departamento liderado por Aitana Mas adeuda unos 17,5 millones de euros. Se trata tanto de centros de protección de menores tutelados por la propia conselleria como socioeducativos, donde adolescentes y jóvenes cumplen medidas judiciales. Estos centros son públicos pero están gestionados por entidades sin ánimo de lucro. Se dan casos que algunos recursos tienen pendientes de cobro cerca de tres millones de euros y entidades que gestionan varios centros acumulan una deuda de seis millones.

El problema radica en que los contratos suscritos con estos 20 cetros han expirado (en algunos casos desde hace cuatro años) y, mientras no se suscriba el siguiente, trabajan bajo la fórmula conocida como de enriquecimiento injusto. Este modelo, que sólo debería utilizarse en casos excepcionales y especialmente sensibles, genera una ralentización de los pagos al tener que contar con la autorización de Hacienda, con unos trámites burocráticos que se demoran a lo largo tiempo y lastran los abonos.

«Hay veces que nos pagan, otras que no. No sabemos cuándo vamos a recibir ingresos, pero tenemos que seguir atendiendo a los niños y pagar los salarios. Estamos llegando a un nivel de deuda que hace insoportable la situación», lamentan desde la federación. «Los centros están haciendo esfuerzos eco brutales, estamos angustiados», agregan desde Apime. Al parecer, la conselleria se ha comprometido a realizar un «desembolso significativo» antes de que acabe el año, algo que aliviaría en parte la situación, pero que no corregiría el problema hasta que no se suscriban los nuevos contratos y los pagos sean periódicos.

Por una situación similar están pasando otros centros de servicios sociales de titularidad pública pero gestionados por entidades privadas, especialmente residencias de ancianos. Según fuentes de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), «hay facturas pendientes de los concursos de plazas residenciales de personas mayores desde el mes de abril. Esto supone cinco meses de atraso, sin contar el mes de octubre que está a punto de vencer». En total, el importe que adeuda la conselleria al sector asciende a unos 38,7 millones de euros, aunque incluyendo el mes de octubre rozaría los 46,5 millones.

Tanto los centros de menores como las residencias llegaron a acumular en verano una deuda cercana a los 70 millones de euros, pero tras los meses estivales la Generalitat realizó algunos pagos que aliviaron la situación. Sin embargo, el paso de los meses vuelve a incrementar las facturas pendientes, por lo que el sector vuelve a reclamar celeridad.