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El Gobierno ha pasado a la ofensiva. Su objetivo en este caso son las universidades privadas, de chiringuitos llegó a calificarlas Pedro Sánchez, tal ... y como se puede ver en el nuevo real decreto aprobado por el Consejo de Ministros del pasado martes. Ante este nuevo frente abierto se ha posicionado el PP a nivel nacional y algunas autonomías populares.
La Conselleria de Educación ha entrado en la polémica y ha señalado que el «verdadero debate» debe ser sobre «calidad» de estas universidades y no sobre si es privada o pública. «El objetivo es que sean referentes a nivel nacional e internacional», han explicado fuentes del departamento encabezado por José Antonio Rovira.
«De lo que deberíamos estar hablando es de implantar mecanismos para garantizar la calidad del sistema universitario español público y privado, porque esto es lo relevante», han reiterado las mismas fuentes.
El Gobierno asegura que no va contra las universidades privadas, pero el hecho es que el nuevo real decreto pone algunas trabas a la implantación de nuevos centros y hace más difícil su aprobación con la exigencia de varios requisitos. De hecho, el propio presidente del Gobierno aseguró que con este decreto se persigue acabar con los «chiringuitos educativos que no garantizan la calidad requerida en las universidades».
La Conselleria de Educación recuerda, en este sentido, que la Comunitat Valenciana cuenta con un sistema universitario formado por cinco universidades públicas (Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I, Universidad de Alicante y Universidad Miguel Hernández de Elche) y otras cuatro privadas (Universidad Católica de Valencia, Universidad CEU Cardenal Herrera, Universidad Europea y Universidad Internacional de Valencia). Según la conselleria, conforman una red de «contrastada calidad docente, excelencia investigadora y relevancia internacional».
Las mismas fuentes recuerdan también que la universidad pública en general no dispone de una oferta suficiente de plazas para cubrir toda la demanda existente de formación superior. Esta carencia es especialmente relevante en algunas áreas de conocimiento como las titulaciones del ámbito de la salud, la enseñanza o la ingeniería.
Este es uno de los motivos, expresan las mismas fuentes, «pero no el único», por el que las universidades privadas prestan también el servicio público en la enseñanza superior. Es el caso de los estudios de veterinaria ya que en Valencia no hay una titulación pública y sólo lo ofertan la Cardenal Herrera y la Católica. Sin estas titulaciones, los estudiantes tendrían que irse a otra comunidad autónoma para poder cursar esta materia y ahora tienen en la provincia una amplia oferta.
Ahora bien, desde la Conselleria de Educación matizan que este servicio público que prestan las universidades privadas lo hacen con una autorización previa de la administración pública competente con todas las garantías legales de calidad.
El nuevo real decreto del Gobierno pone varias trabas a la creación de una universidad privada. Por un lado, a partir de ahora será preciso para su puesta en marcha de un informe no sólo preceptivo sino también vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) o sus equivalentes autonómicas.
El segundo cambio que auspicia el Gobierno es el endurecimiento de los criterios básicos para autorizar una universidad. Así, a partir de ahora si alguna entidad pretende impulsar un centro privado tendrá que tener asegurado un alumnado mínimo de 4.500 alumnos en los primeros cinco años de funcionamiento. Además, deberá acreditar su solidez económica y disponer de una oferta de alojamientos para los estudiantes de no menos del 10% de los matriculados.
Pero los requisitos todavía son más. Los promotores de la iniciativa deberán tener «una experiencia de gestión contrastada» y cumplir unas exigencias mínimas y más estrictas que las actuales en investigación.
La guinda de las exigencias es que todas las universidades que imparten la mayoría de sus créditos de forma online y no presencial tendrán un carácter estatal de forma que únicamente podrán ser aprobadas por las Cortes Generales.
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