El Consell deja en el aire cómo asumirá a los trabajadores de las concesiones

Las consellerias de Haciendo e Igualdad optaron por dejar en el aire la figura que se empleará en las reversiones que acometa la Generalitat. Lo único claro es que, tras el varapalo del Consell Jurídic Consultiu, se renuncia a recurrir al personal a extinguir como se hizo con el Hospital de La Ribera.

La propuesta de Hacienda de crear una mercantil pública para absorber a los trabajadores, que pasarían a definirse como 'personal subrogado', no fue aceptada por Igualdad que consiguió que fueran asumidas gran parte de sus tesis. Desde la Conselleria dirigida por Mónica Oltra se apostaba por no definir la figura que se va a utilizar, como finalmente ha sucedido.

De esta forma, el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos de 2019 aprobado ayer por el Consell elimina cualquier referencia a esta la figura del personal a extinguir en acciones futuras con tres disposiciones derogatorias.

En cuanto a las reversiones de los centros de titularidad pública en el ámbito de la diversidad funcional se ha incluido una disposición adicional tercera en la que se establece que «se asumirá la gestión pública de estos centros, conforme al marco normativo vigente» sin especificar ninguna fórmula concreta. Se ha eliminado así el artículo 40 del proyecto de ley que provocó el dictamen del CJC. El proyecto de ley suprime también cualquier referencia al Institut Valencià d'Atenció Social i Sanitària (IVASS)

Fuentes del Consell explicaron que de esta forma se ha pretendido asumir el dictamen del Jurídic con la renuncia expresa a incorporar a los trabajadores de las concesiones rescatadas como personal a extinguir por las reticencias formuladas.

Las mismas fuentes explicaron que se buscará en cada reversión el procedimiento más adecuado. En este sentido, resaltaron que se ha optado por no definir una fórmula concreta, ya que se trata de una competencia estatal. «Así como ya se han hecho muchas privatizaciones, somos la primera autonomía que realiza el proceso contrario. Vamos abriendo camino y todavía no hay legislación», recalcaron.

Con este procedimiento se pretende que no cerrarse ninguna puerta en el futuro. Es posible, como prefiere la Conselleria de Haciendo recogiendo la sugerencia del Jurídic, que se acuda a crear una empresa pública en alguno de los casos que se planteen. Pero también hay otras fórmulas visbles, como la empleada en el caso del centro de Albocàsser. O se pueden diseñar otras nuevas. Es algo que se decidirá en cada momento.

De cualquier forma, según las mismas fuentes, se tratará de, como establece el dictamen del Consell Jurídic, conjugar los derechos adquiridos por los trabajadores que vayan a ser asumidos, el personal subrogado, con garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la función pública.

Esta situación no ha pasado desapercibida en el departamento de salud de La Ribera, primero y único ámbito en el que el actual Consell ha empleado la figura del personal laboral a extinguir en la subrogación de la plantilla de la concesionaria del hospital de Alzira.

Al respecto, Àngels López, representante del sindicato CCOO en la junta de personal del departamento, cree que, ante el último informe del CJC que cuestiona el encaje legal de esta figura y la decisión del Gobierno autonómico de no emplearla más, sería conveniente que la Generalitat «mire con lupa» el proceso seguido en la comarca para evitar que «si existiera alguna irregularidad, en un futuro pudiera haber una sentencia» contraria al proceso.

López considera que la Conselleria de Sanidad «lleva 20 años discriminando al personal estatutario de La Ribera y el resto de departamentos sanitarios al incumplir la normativa vigente respecto a no convocar plazas vacantes en las oposiciones, ni concursos de traslados al personal que ha aprobado una plaza para una oposición, impidiendo la promoción interna del personal estatutario». «Consideramos que es imprescindible que se respeten los derechos laborales de todo el personal y, sobre todo, que se restituyan los derechos del estatutario, facilitando la movilidad y la promoción interna».

Por su parte, desde el comité de empresa del departamento defienden que la fórmula elegida por la Administración autonómica «era la única posible, la que da más seguridad jurídica, y la que garantiza los derechos de los trabajadores laborales del departamento». Además, indican que el proceso sí estuvo avalado «en todos sus términos» por el CJC en su informe de 7 de marzo de 2018. « «No entendemos que desde la Conselleria de Sanidad, que ahora nos gestiona directamente, nadie salga en nuestra defensa explicando claramente cómo se ha realizado este proceso, legal y transparente». Asimismo, reclama que desde el departamento de Ana Barceló «tengan la valentía de declarar que se llevó a cabo un proceso de reversión ejemplar que abre una vía novedosa y segura para continuar la desprivatización de la sanidad pública valenciana, si es que la conselleria está decidida a seguir por ese camino».