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B. González
Xàtiva
Miércoles, 15 de enero 2025, 00:36
La vuelta a la normalidad en la zona cero de la dana se afronta con desesperación por los damnificados que vienen denunciando la falta de ... celeridad en la llegada de las ayudas por parte de las administraciones. Vecinos, pequeños comerciantes y empresarios se ven abocados a realizar pagos para poner en marcha servicios tan básicos como la luz, el agua o el ascensor en el caso de las fincas de propietarios.
Precisamente, las consellerias de Industria y Comercio y la de Emergencias denuncian que el Consorcio de Seguros sólo había atendido el 20% de las reclamaciones relacionadas con la vivienda y muchos de esos afectados son las comunidades de vecinos que tienen que pedir créditos bancarios para poder anticipar el pago de la reparación del ascensor, cuadros eléctricos o de los garajes a las empresas contratadas.
Es por ello que los titulares de ambas consellerias, Marián Cano y Juan Carlos Valderrama, reclaman al Gobierno que se «acelere lo máximo posible» los pagos a las comunidades afectadas.
Según el Consell el porcentaje de reclamaciones atendidas después de dos meses y medio es «muy bajo» y «contrasta con la urgencia que las Comunidades de Propietarios tienen para volver a restablecer la normalidad, en algunos casos con situaciones comprometidas con ciudadanos que tienen algún tipo de discapacidad y necesitan un ascensor para acceder a su vivienda».
Cano y Valderrama preguntan al Gobierno que dónde está la ayuda de 36.896 euros prometida por daños en elementos comunes de uso general de las Comunidades de Propietarios y recordaban que los pagos del Consorcio de Seguros «no son ninguna ayuda o subvención, sino un derecho adquirido por los valencianos y cuyo pago tendría que ser inmediato en situaciones como la actual» y que la lentitud del pago «está lastrando la recuperación de toda la zona cero».
Desde el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia, su presidente, Sebastián Cucala, también urge al menos el adelanto de las indemnizaciones que les corresponde a las comunidades de vecinos. «Prácticamente todas las comunidades tienen que adelantar el pago a los proveedores para poner llevar a cabo las reparaciones, lo que les está obligando a solicitar créditos bancarias para poder hacer frente a esos gastos».
Cucala entiende que son muchas las peticiones y que el millar de peritos desplazados no sólo tienen que atender a las comunidades de vecinos, sino a particulares, comercios y empresas, pero insiste en la necesidad que al menos se les vaya pagando dado que su situación económica es precaria al tener que hacer frente a muchos gastos. «Hasta que no llegaron la UME y los bomberos han tenido que sufragar también los gastos de extracción de lodo y reparación de luz», explica.
Por otra parte, según el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, está la valoración del perito. La reparación integral de un ascensor, es decir, su sustitución por uno nuevo, está entre los 50.000 y 60.000 euros, pero dependerá del perito del Consorcio que se acuerde esta sustitución. «Habrá comunidades que para agilizar la indemnización acepten lo que les proponga el Consorcio, lo que podría provocar futuros conflictos», señala.
Al respecto, Cucala explica que las futuros averías que pudiera tener el ascensor, una vez pagada la indemnización, conllevaría el tener que solicitar al Consorcio la reapertura de nuevo del expediente para ampliar la cuantía y demostrar que esa avería se deriva de los daños ocasionados por la riada.
Pero el Consell insiste que la lentitud en atender las reclamaciones es generalizada, como también subraya la conselleria de Industria, puesto que el Consorcio sólo ha satisfecho el pago directo de las indemnizaciones al 10% de las empresas industriales y al 15% de los comercios. Una cifra que Marián Cano calificaba de «ridícula» dada la dimensión de la tragedia y «la necesidad de poder planificar su futuro a corto plazo».
Según los últimos datos hechos públicos por el Consorcio de Compensación de Seguros, a 31 de diciembre de 2024, habrían recibido 76.143 solicitudes de indemnización por parte de viviendas y comunidades de propietarios afectadas por la dana. De ellas se habrían realizado 15.62 pagos por un importe de 198.057.641 millones.
En lo que respecta a comercios y almacenes, habrían recibido 14.241 reclamaciones y se habrían efectuado 2.134 pagos por valor de más de 74 millones. En lo que respecta a industrias, la solicitudes ascendían a 4.688. Se habrían efectuado 484 pagos por valor de más de 97 millones.
Los datos se refieren a todas las provincias afectadas por la dana aunque el 95% de las solicitudes son de Valencia.
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