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DANIEL GUINDO
Lunes, 7 de agosto 2017, 20:36
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas prácticamente está dejando en manos de familiares el cuidado de los dependientes de la Comunitat pese a que la normativa estatal establece que las ayudas públicas a este colectivo deben ir dirigidas, principalmente, a financiar la prestación de servicios profesionales y, de forma excepcional, a sufragar los cuidados que desarrollan los familiares de los beneficiarios.
Así se desprende del balance de las ayudas que ha concedido la delegación de Mónica Oltra dos años después del cambio de Gobierno: nueve de cada diez se han centrado en financiar los cuidados en el ámbito familiar. Frente a esta situación, y en el mismo periodo, en el resto de España este tipo de ayuda apenas ha supuesto el 0,75% del total de prestaciones concedidas, todo lo contrario que en la Comunitat.
En concreto, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que los servicios profesionales previstos para los beneficiarios (residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, etc.) «tendrán carácter prioritario», mientras que la «prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales» se aprobará de forma excepcional y siempre cumpliendo una serie de requisitos.
Sin embargo, la conselleria ha optado por no ceñirse a esta instrucción estatal y de las 11.655 ayudas concedidas a dependientes en los dos últimos años (entre junio de 2015 y junio de 2017), el 86,8% fueron destinadas a financiar cuidados en el ámbito familiar (en concreto, 10.118), según los informes mensuales que maneja el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Las 1.537 ayudas restantes se destinaron a servicios profesionales como residencias o centros de día, principalmente. Estos datos surgen tras comparar las prestaciones concedidas a 30 de junio de 2015 con el mismo día del presente ejercicio.
Estas cifras contrastan de una forma evidente con la tendencia del resto de autonomías españolas en este periodo. De hecho, en estos dos años, en toda España (sin contar a la Comunitat) únicamente se han concedido 1.125 nuevas ayudas para cuidados familiares y 147.133 prestaciones para servicios profesionales; por lo que nueve de cada diez ayudas para cuidados en el ámbito familiar se han concedido en la Comunitat.
Esta excepción a nivel nacional ha empezado a contar también con el respaldo de la legislación autonómica. El decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas omite este carácter excepcional en la opción de los cuidadores familiares y amplía el abanico de posibilidades para optar a este tipo de ayuda hasta tal punto que, incluso, la pueden desarrollar cuidadores no familiares (pueden ser personas allegadas al solicitante) que, si no tienen formación sobre este ámbito, se comprometan a realizarla.
Desde la Generalitat siempre han defendido que este elevado número de prestaciones concedidas a los cuidadores familiares responde a la demanda de los propios dependientes, que se decantan por este modelo, aunque la última palabra la deben tener los técnicos que valoran cada caso; y a que la apuesta del Consell es que este colectivo pueda mantenerse en sus propios domicilios.
Sin embargo, las ayudas para cuidadores familiares suponen a la Administración autonómica prácticamente la mitad del coste que el resto de servicios profesionales, mientras que también existe la atención a domicilio profesional.
La Conselleria de Igualdad y Políticas inclusivas destacó ayer que las quejas relacionadas con la resolución de expedientes de dependencia han descendido a la mitad durante los dos últimos años, según se desprende del balance de reclamaciones presentadas ante el Defensor del Pueblo y al Síndic de Greuges. Sin embargo, estos retrasos siguen copando las quejas contra este departamento, como avanzó LAS PROVINCIAS en junio.
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