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El vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, conseller de Vivienda, acaba de avanzar en Les Corts las medidas más destacadas de un decreto ley de impulso y ampliación de viviendas públicas, actualmente en fase de borrador, pero que el dirigente podemista ha asegurado que «en los próximos días» estará «sobre la mesa del Consell» para su aprobación. Entre esas medidas, destaca la intención del Consell de eliminar la posibilidad de retirar la calificación de las viviendas públicas protegidas. Una medida que limitará su precio de manera permanente, sin posibilidad de liberarlas como hasta ahora.
Dalmau, durante su comparecencia en Les Corts para dar cuenta de la gestión de su conselleria, ha señalado que el decreto «incorporará la calificación permanente de las viviendas. Es decir, las viviendas serán protegidas para siempre, sin fecha de caducidad del tipo de protección». El vicepresidente podemista también dará competencias a los ayuntamientos para «configurar su propio parque público», y «ampliaremos los supuestos para poder ejercer el derecho en bienes inmuebles que procedan de la crisis: daciones en pago, ejecuciones hipotecarias y ventas extrajudiciales».
Que las viviendas públicas mantengan siempre la calificación supone un cambio sustancial en el panorama del mercado urbanístico. Fuentes del Botánico admiten que la medida puede contar con la oposición de algunos promotores, que asumen la construcción de VPP por considerar que es un producto atractivo para compradores que a largo plazo pueden vender los pisos una vez pasa el tiempo de protección (más de 10 años y hasta 30 según las comunidades autónomas y el tipo de vivienda). Las mismas fuentes indican que esta medida pretende limitar el precio de la vivienda, evitar la especulación blindándola frente a la compra por parte de fondos de inversión y evitando que la compraventa de VPP implique que en la operación se incluya dinero 'en B', cantidades en negro vinculadas a esa potencial liberación de la protección. Desde el Botánico señalan que parte de esas viviendas sociales, con precios fijados, se incorporan posteriormente al mercado libre, algo que en el futuro no se podrá hacer.
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