El Consell desvía fondos de obras en colegios para pagar a las universidades

El dinero extraordinario que recibieron las cinco universidades públicas a finales de 2019 para cubrir gastos ha podido hacerse efectivo gracias a cuantías que han sobrado del plan Edificant, ideado por el Consell para agilizar la retirada de barracones y las obras de mejora que precisan centenares de colegios públicos de la Comunitat.

Así se desprende de la modificación presupuestaria conocida ayer a través del Diari Oficial. De los 12 millones que recibieron las instituciones, siete provienen de obras no ejecutadas en escuelas de Infantil y Primaria y cinco de intervenciones referidas a centros de Secundaria. La dotación en estas líneas presupuestarias ascendía, en total, a 229 millones, por lo que este cambio de uso afecta a un 5% de la cuantía.

El sobrante se debe a retrasos en las intervenciones o en las tramitaciones previas por parte de las administraciones locales. Como explican fuentes de la Conselleria de Educación, Edificant funciona a partir de certificaciones de obra que una vez emitidas permiten abonar el importe -normalmente parcial- a la empresa encargada de los trabajos.

«Las cantidades asignadas a la anualidad de 2019 que al final del ejercicio no se han hecho efectivas porque las licitaciones y adjudicaciones de los ayuntamientos se han retrasado se han reprogramado para los años 2020 y 2021 en función de la previsión de cada consistorio», señalan las mismas fuentes, que añaden que los 12 millones que pasan a las universidades, «cantidades reservadas para Edificant que no se han consumido», quedaron a disposición de Hacienda para que pudiera asignarlas a otras áreas de la administración autonómica. «Pero eso no significa que se resten de la inversión de Edificant, pues en las anualidades de 2020 y 2021 del programa se ha aumentado la reserva en la misma cantidad», dicen.

La modificación presupuestaria publicada ayer reconoce algo que llevan años defendiendo las universidades: la partida para cubrir costes derivados de normativas estatales y autonómicas es deficitaria, lo que obliga a los centros a destinar recursos propios. Se trata de pagos que deben asumir por regulaciones que aprueban el Gobierno o la Generalitat, desde la exención en el abono de las tasas a colectivos especiales hasta incentivos relacionados con tareas de investigación. Es decir, no provienen de decisiones tomadas en los consejos de gobierno, pero pese a ser de carácter externo su cumplimiento es obligatorio, por lo que acaban cargando el balance de gastos de las instituciones.

Con el cambio en la línea presupuestaria, en 2019 se pasó a disponer de 24 millones en lugar de los doce inicialmente previstos. Y para hacerse una idea, desde las universidades se llegó a cuantificar la cantidad anual necesaria en más de 30. De cara a 2020 el compromiso del Consell es, a priori, llegar a doce, con la esperanza de incrementarlos una vez se conozcan los Presupuestos Generales del Estado.

Desde el PP se han mostrado muy críticos con el funcionamiento de Edificant. La pasada semana la diputada Beatriz Gascó denunció que se están paralizando obras en algunos municipios por los impagos de la conselleria y que se están produciendo recortes en el programa, aludiendo a datos de ejecución presupuestaria que a finales de año señalaban que sólo se había pagado el 0,3% de la inversión prevista para obras en centros.

La conselleria rechaza las acusaciones y defiende que no se producen minoraciones en la inversión prevista -mil millones entre 2018 y 2024- sino que se aplican reprogramaciones en base a los ritmos de los ayuntamientos. Desde el departamento explicaron que en el periodo citado se han comprometido ya 724,7 millones para actuaciones en 529 centros de 253 municipios.

Los auxiliares de conversación de inglés destinados en colegios públicos están sufriendo retrasos en el cobro de sus retribuciones, un problema que ya se ha dado en ejercicios anteriores. Algunos de los afectados se reunieron ayer con el sindicato Stepv en busca de soluciones a su situación, puesto que la demora en muchos casos se remonta a octubre, cuando comenzó su actividad. Fuentes de la organización explicaron que son unos 40 los afectados, cifra similar a la que trasladan miembros del grupo de Facebook con el que se comunican entre ellos -unos 50-. Desde el sindicato dijeron que hoy está prevista una reunión con responsables del servicio de plurilingüismo, del que dependen.

Los afectados se han encontrado con problemas con la documentación para poder abrir una cuenta corriente, en el sentido de que se solicita un NIE y no sirve un pasaporte. Desde el grupo citado lamentaban ayer que esta información no se traslade en las reuniones informativas iniciales para poder solicitarlo con tiempo, pues son muchos los que han llegado con tarjetas de Identidad de Extranjeros (TIE) y han tenido que pedir citas que se demoran en el tiempo.

Eso sí, también remiten situaciones de nativos que sí hicieron todo el papeleo y no han recibido las retribuciones. En otro de los casos a los que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, pese a haber contactado en varias ocasiones con la administración, no ha conseguido saber qué sucede, aunque se le aseguró que no era un problema relacionado con la falta de documentación. Se le dijo que cobraría en noviembre, pero al no llegar los fondos y volver a interesarse junto a otros afectados se le trasladó que lo haría en diciembre. No sólo debe afrontar el alquiler, sino que además es usuaria del comedor escolar que lógicamente debe abonar.

Desde el citado grupo lamentan la falta de información cuando los afectados contactan con la administración, aunque la conselleria replica que se hace un seguimiento individualizado de las personas que tienen problemas con la documentación. Además, señalan que la inmensa mayoría de los 800 auxiliares ha cobrado con normalidad. En cuanto a los que faltan, lo achacan a que la documentación obligatoria se ha presentado tarde, con casos en los que llegó el 23 de diciembre. La previsión para ellos es que cobren en la próxima semana.