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Las universidades públicas valencianas dispondrán de 95,6 millones adicionales en 2023 para cubrir sus gastos de funcionamiento, una mejora que forma parte del nuevo Plan Plurianual de Financiación (PPF) prometido desde antes de la llegada del Botánico en 2015 y que se tenía que ... concretar en los presupuestos del próximo año. Fue la consellera Josefina Bueno la que detalló este martes el importe inicial -sujeto a posteriores negociaciones- durante la presentación de las cuentas de su departamento.
El incremento es una demanda histórica de los rectorados, que en los últimos años han tenido que renunciar a inversiones en infraestructuras, nuevos títulos, renovación de equipamientos o planes de mantenimiento ante la falta de fondos. Para hacerse una idea, en las universidades más grandes la asignación ordinaria de la Generalitat -801 millones a repartir en 2023 entre las cinco- se consumía sólo en el capítulo de personal.
Sin embargo no hay partida prevista, de momento, para compensar la escalada de los precios de la luz y el gas, que las cinco universidades han cifrado en alrededor de 32,4 millones extraordinarios. Fuentes de la conselleria dijeron que aún se está trabajando en esta cuestión. De hecho, podría cubrirse -en parte- con crédito sobrante de 2022.
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En realidad la mejora de 95,6 millones dará algo de margen a los rectorados, pero no mucha teniendo en cuenta que equivale a la última anualidad de los pagos de la deuda histórica, que salvo 4,25 millones para la Miguel Hernández ha sido liquidada a lo largo de este ejercicio. Se trata de transferencias ordinarias que el Consell nunca abonó entre 2004 y 2008, por lo que se pactó pagarlas año a año a partir de 2016.
En resumen, lo comido por lo servido, aunque es cierto que en ejercicios anteriores la cuantía por este concepto era inferior (69 en 2020 y 82 en 2021).
«El compromiso adquirido es ofrecer un PPF que actualice los indicadores a través de los que se financian las universidades, y darles una senda de futuro. Para ello, hemos consignado 95 millones, y además estamos consensuando la propuesta que ha presentado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)», dijo Bueno.
De momento la distribución por universidades se ha hecho con los criterios de reparto vigentes, pues los nuevos tienen que salir de la citada negociación. En su momento se llegó a hablar de tener en cuenta, más allá de la financiación básica en función del tamaño, la internacionalización, resultados de investigación y transferencia o la empleabilidad.
El presupuesto que destina la Generalitat a las universidades públicas es complejo. La financiación ordinaria es la partida básica, pero se añaden diferentes programas que al final tienen la misma función: cubrir gastos para garantizar su funcionamiento. Por ejemplo, sucede con la compensación por la reducción de tasas (+15 millones en 2023), que evita que los centros pierdan ingresos porque los alumnos pagan menos por su matrícula, o con la CNEA, una aportación añadida para costear obligaciones derivadas de normativas estatales y autonómicas. Por ejemplo, si una administración establece que al personal se le tiene que mejorar la retribución por resultados de investigación, o que determinados colectivos se benefician de una exención de tasas especial, los centros deben aplicar esta prerrogativa, que no siempre está acompañada de dotación presupuestaria. Para el nuevo ejercicio se han consignado 36 millones por este concepto, la misma cantidad que en 2022, cuando ya se consideró insuficiente. Por otro lado, los presupuestos incluyen 21 millones para aplicar el convenio del personal laboral, que incluye mejoras retributivas pactadas en 2019 para los docentes más precarizados, como los ayudantes o los profesores asociados.
El incremento de 95,6 millones sólo se refiere a 2023, y habrá que ver si en próximos ejercicios mejora o se ajusta a la baja. No es asunto baladí teniendo en cuenta el horizonte electoral y la herencia que puede suponer si hay cambio en el Consell. No sería algo nuevo, pues sucedió con la deuda histórica. La pactó el PP pero la pagó el Botánico.
Además, cabe recordar que las universidades públicas llegaron a plantear que el incremento de los fondos oscilara entre 95 y 120 millones, incluyendo en el mejor de los casos una compensación por el incremento del gasto energético. Es decir, la previsión del Consell es quedarse en la parte baja de la horquilla.
Sin contar la mejora de 95,6 millones las transferencias ordinarias, el dinero básico para cubrir nóminas y abrir los campus cada día -los 801- suponen 24 más que en 2022. Eso sí, este aumento servirá para cubrir las subidas salariales de los funcionarios a las que obliga el Gobierno.
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