El Consell da cien millones más a las universidades pero no cubre sus gastos

El incremento es una demanda histórica de los rectorados, que en los últimos años han tenido que renunciar a inversiones en infraestructuras, nuevos títulos, renovación de equipamientos o planes de mantenimiento ante la falta de fondos. Para hacerse una idea, en las universidades más grandes la asignación ordinaria de la Generalitat -801 millones a repartir en 2023 entre las cinco- se consumía sólo en el capítulo de personal.

Sin embargo no hay partida prevista, de momento, para compensar la escalada de los precios de la luz y el gas, que las cinco universidades han cifrado en alrededor de 32,4 millones extraordinarios. Fuentes de la conselleria dijeron que aún se está trabajando en esta cuestión. De hecho, podría cubrirse -en parte- con crédito sobrante de 2022.

En realidad la mejora de 95,6 millones dará algo de margen a los rectorados, pero no mucha teniendo en cuenta que equivale a la última anualidad de los pagos de la deuda histórica, que salvo 4,25 millones para la Miguel Hernández ha sido liquidada a lo largo de este ejercicio. Se trata de transferencias ordinarias que el Consell nunca abonó entre 2004 y 2008, por lo que se pactó pagarlas año a año a partir de 2016.

En resumen, lo comido por lo servido, aunque es cierto que en ejercicios anteriores la cuantía por este concepto era inferior (69 en 2020 y 82 en 2021).

«El compromiso adquirido es ofrecer un PPF que actualice los indicadores a través de los que se financian las universidades, y darles una senda de futuro. Para ello, hemos consignado 95 millones, y además estamos consensuando la propuesta que ha presentado el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)», dijo Bueno.

De momento la distribución por universidades se ha hecho con los criterios de reparto vigentes, pues los nuevos tienen que salir de la citada negociación. En su momento se llegó a hablar de tener en cuenta, más allá de la financiación básica en función del tamaño, la internacionalización, resultados de investigación y transferencia o la empleabilidad.

El incremento de 95,6 millones sólo se refiere a 2023, y habrá que ver si en próximos ejercicios mejora o se ajusta a la baja. No es asunto baladí teniendo en cuenta el horizonte electoral y la herencia que puede suponer si hay cambio en el Consell. No sería algo nuevo, pues sucedió con la deuda histórica. La pactó el PP pero la pagó el Botánico.

Además, cabe recordar que las universidades públicas llegaron a plantear que el incremento de los fondos oscilara entre 95 y 120 millones, incluyendo en el mejor de los casos una compensación por el incremento del gasto energético. Es decir, la previsión del Consell es quedarse en la parte baja de la horquilla.

Sin contar la mejora de 95,6 millones las transferencias ordinarias, el dinero básico para cubrir nóminas y abrir los campus cada día -los 801- suponen 24 más que en 2022. Eso sí, este aumento servirá para cubrir las subidas salariales de los funcionarios a las que obliga el Gobierno.